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Este martes, la diputada Camila Vallejo (PC), presentó oficialmente  el proyecto de ley “para consagrar el principio a la conectividad y acceso a internet de las y los estudiantes“. Se trata de una iniciativa que busca modificar la Ley General de Educación 20.370, ley 21.040 (de educación pública) y la ley 18.168 (de telecomunicaciones) y que fue votada por indicaciones en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados. La parlamentaria señaló que falta votar otras dos indicaciones para que pueda pasar a ser discutido en Sala.

“En países que son considerados subdesarrollados o en vías de desarrollo, como es Chile, el acceso a estas tecnologías y a sus beneficios no son parejos, dada las diferencias de acceso entre distintos grupos de la población”, argumentó la parlamentaria en el proyecto, apelando a lo que se conoce como “brecha digital”.

“La existencia de la brecha se entiende como resultado de una serie de deficiencias existentes previamente a la llegada de la Internet, todas ligadas a las diferentes desigualdades existentes“, manifestó en el texto, ejemplificando la brecha educacional, “donde los servicios entregados varían de sobremanera dependiendo de las capacidades económicas de la población“.

Vallejo hizo referencia a los “resultados preliminares del Barómetro de Brecha Ciudadana Digital, una encuesta realizada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en conjunto con la Universidad Adolfo Ibáñez y Con@cción (…) que evidenció la correlación lineal entre los niveles de ingresos y dificultad para el uso de servicios digitales (teletrabajo, educación en línea, trámites virtuales del Estado, trámites virtuales de salud y comercio electrónico), que se ve incrementada en personas con niveles de ingresos mensuales por menores al octavo decil per cápita ($352.743), donde un 87%, presenta dificultades de acceso a la educación en línea“.

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En detalle, señaló que “los problemas de conectividad que evidenciaron los encuestados, se relacionan con la carencia de dispositivos como con la calidad de las redes, toda vez que las conexiones hogareñas distan mucho de las corporativas respecto a su potencia” y que, asimismo, “la estabilidad de las conexiones presentes en los hogares decae, ya que deben ser compartidas por varios miembros del hogar y, más grave aún, hablaron de casas en zonas con carencia de servicios de energía eléctrica, de zonas en las que no existe conexión a internet o presentan mala señal”.

El proyecto de ley establece incorporar el principio de Conectividad: “El sistema velará por la entrega de acceso a Internet, con ancho de banda suficiente para los objetivos perseguidos (…) El sistema escolar garantizará que todos los estudiantes tengan una conexión estable, de buena calidad, veloz y segura en los establecimientos educacionales. Asimismo, el Estado deberá asegurar una conexión a internet en los hogares de estudiantes vulnerables que no tengan los medios para pagarlos”, esto, incluyendo que “corresponderá al Estado garantizar una conexión estable a todos los estudiantes cuando los establecimientos educacionales que reciban financiamiento público“.

Junto a eso, la iniciativa establece que “el sistema deberá entregar a todos los establecimientos educacionales los medios tecnológicos necesarios para que los estudiantes puedan conectarse en el establecimiento educacional tales como equipos computacionales, tablets, notebooks o análogos”.

Finalmente, se indica que “deberán proveer de internet a todos los establecimientos educacionales que reciben financiamiento público con una calidad necesaria para el cumplimiento de los fines educativos que se requieran”. Asimismo, “deberán proveer de una conexión a internet de calidad a aquellos hogares o estudiantes que no tengan los medios para pagar dicho servicio” y que, para obtener dicho beneficio, se deberá estar inscrito en el Registro Social de Hogares, presentando “alguna condición que les impida acceder a algún servicio de internet”.

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