El persecutor sostuvo ante la Corte de Apelaciones que existen antecedentes suficientes para formalizar al gobernador metropolitano y afirmó que el convenio por $1.686 millones afectó directamente a la comunidad y a un programa de prevención del suicidio.
El fiscal Cristián Aguilar defendió este martes ante la Corte de Apelaciones de Santiago la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, en el marco de la investigación por el Caso ProCultura, asegurando que existen antecedentes que dan cuenta de un perjuicio fiscal.
Durante la audiencia, el persecutor afirmó que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes tanto sobre la existencia de un delito como de la eventual participación de la autoridad regional. “¿Hay antecedentes suficientes? Nos parece que sí. Tanto de la existencia del delito como de su participación. Entendemos que sí, hay concierto. Entendemos que sí, hay dolo. Entendemos que hubo perjuicio al Estado”, sostuvo.
La solicitud de desafuero busca permitir la formalización de Orrego y la eventual solicitud de medidas cautelares personales en su contra, en el contexto del convenio suscrito entre el Gobierno Regional Metropolitano y la fundación ProCultura.
El fiscal Aguilar enfatizó que el caso no solo involucra un eventual perjuicio económico, sino también el impacto social del proyecto financiado con recursos públicos.
“Acá no son tan solo los 1.686 millones o los 1.000 millones que no fueron restituidos. Estamos hablando de un proyecto social que impactaba en esa época post-pandemia, el año 2022, respecto de aquellas personas jóvenes, adultos, que tenían tendencia suicida”, afirmó.
Según explicó, los recursos estaban destinados al programa de prevención del suicidio “Quédate”, el cual buscaba brindar apoyo a personas en situación de vulnerabilidad y a sus familias en el contexto posterior a la pandemia.
En esa línea, el persecutor sostuvo que los fondos no cumplieron el objetivo para el que fueron transferidos. “El problema es que acá se afectó a la comunidad toda de la Región Metropolitana, a un sector de los más vulnerables”, señaló.
El fiscal también descartó que la decisión del tribunal de no decretar prisión preventiva contra el fundador de ProCultura, Alberto Larraín, tenga incidencia directa en la solicitud de desafuero de Orrego.
En ese sentido, sostuvo que el desafuero constituye una etapa procesal distinta, cuyo objetivo es habilitar la formalización de una autoridad que actualmente cuenta con fuero.
La Corte de Apelaciones de Santiago deberá resolver si acoge o rechaza la solicitud presentada por la Fiscalía de Antofagasta, en una causa que investiga el destino de más de $1.600 millones transferidos desde el Gobierno Regional Metropolitano a la fundación ProCultura.
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