El organismo se refirió a la aprobación del informe en la Sala de la Cámara, el cual recomienda suspender el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG). En ese contexto, enfatizó que la infancia y adolescencia LGBT+ constituyen grupos de alta vulnerabilidad, por lo que requieren protección por parte del Estado y “no retrocesos en las políticas públicas”.
La Defensoría de la Niñez se refirió a la aprobación del informe final de la Comisión Especial Investigadora N°57 en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se recomendó “suspender inmediatamente la ejecución del Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG)”.
Además, se planteó que el Ministerio de Salud (Minsal) instruya a la red pública de salud a no iniciar nuevos tratamientos hormonales —ya sea bloqueo puberal u hormonación cruzada— en menores de edad, diagnosticados o no con disforia de género, incongruencia de género y/o género no conforme.
El documento también propone entregar atención adecuada a los menores que desistan o detransicionen. Asimismo, se sugiere realizar modificaciones legales para prohibir el ingreso a estos programas a menores de 14 años, eliminar el enfoque de género afirmativo y disponer que el acompañamiento sea exclusivamente psicológico.
También se plantea que los tratamientos hormonales o cirugías de reasignación de sexo solo puedan realizarse en personas mayores de 18 años.
La iniciativa fue respaldada con 56 votos a favor, 31 en contra y 6 abstenciones.
“Negar la existencia de niños, niñas y adolescentes trans y género no conforme es una manifiesta vulneración a sus derechos fundamentales”, sostuvo el organismo en su declaración.
En esa línea, remarcó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha expresado que los niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+ se encuentran entre los grupos de mayor vulnerabilidad, siendo víctimas, en mayor medida que sus pares, de discriminación, estigmatización y violencia.
Por tanto, subrayaron que estos NNA “requieren una protección reforzada desde el Estado, a través de todos sus estamentos, y no retrocesos en las políticas públicas que garantizan dichos derechos”.
“Resulta altamente preocupante que en la votación del informe final de la CEI N°57 se realizaran intervenciones que apuntaron a la invisibilización, incluso a la negación de la niñez trans o género no conforme, puesto que ello contribuye a la generación de discursos de odio y violencia. Por lo mismo, esta institución evalúa acciones al respecto, toda vez que el Congreso Nacional y cada uno de sus integrantes deben actuar como garantes de derechos de niños, niñas y adolescentes, con obligaciones reforzadas de protección”, complementaron.
Respecto al funcionamiento del PAIG, lamentaron que se recomendara su eliminación, en vez de sugerir “una evaluación técnica, seria y rigurosa, con participación de las y los usuarios, para mejorar una política pública con base en los resultados”.
En ese sentido, cuestionaron que “hubo una ausencia absoluta de participación de los niños, niñas y adolescentes en esta evaluación y debate, y ello no se condice con los avances normativos, tanto nacionales como internacionales, en su reconocimiento como sujetos de derechos”.
Ver esta publicación en Instagram
Merco -monitor de reputación empresarial de referencia en Iberoamérica- elaboró su ranking para Chile sobre la base de 61 mil encuestas a diferentes grupos de interés a nivel nacional y un análisis de 200 indicadores de gestión de las diversas compañías.
