La población penal en Chile ha alcanzado los 58 mil internos, superando ampliamente las casi 42 mil plazas disponibles en el sistema carcelario a nivel nacional.
Este desbalance podría intensificarse en las próximas semanas con la implementación de la Ley de Reincidencia, una iniciativa que, aunque representa un avance en materia de seguridad, pone de manifiesto la preocupante falta de capacidad en las cárceles del país.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, advirtió sobre el riesgo inminente de una crisis estructural de sobrepoblación penal si no se toman medidas urgentes para ampliar y extender las plazas penitenciarias.
Para mitigar este problema, el Gobierno está considerando la extensión del “fast track penal”, un mecanismo que aceleraría la tramitación de la construcción de nuevas cárceles.
Según Cordero, el Ejecutivo ya trabaja en la creación de nuevas instalaciones penitenciarias, con el objetivo de añadir 12 mil plazas adicionales. Entre los proyectos en desarrollo se incluyen recintos de máxima seguridad en Talca, Copiapó y Calama.
Este esfuerzo refleja la urgencia de la situación y la determinación del Gobierno de evitar un colapso en el sistema penitenciario, garantizando condiciones dignas para los internos y la seguridad de la población en general.
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