El pasado jueves 4 de agosto, fue remitido a la Cámara de Diputadas y Diputados el informe analizado el 18 de julio por el tribunal pleno de la Corte Suprema, donde analizaron el proyecto de ley que “modifica la ley N°17.798, para mejorar el control y restringir la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas”.
El informe propone robustecer la regulación de la ley de control de armas, haciéndola más restrictiva debido “a la crisis de seguridad en que actualmente se encuentra el país, especialmente el aumento de delitos violentos de mayor connotación social, entre ellos el homicidio“.
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Además sostiene que “la jurisdicción militar en tiempos de paz, debe ser restringida y limitada a los asuntos en que los partícipes sean exclusivamente personal militar“.
Ahora bien, sobre los impactos que puede tener esta iniciativa legal en el Poder Judicial debido al fortalecimiento de la ley, es que existiría un traspaso de causas “actualmente conocidas por la justicia militar a los tribunales ordinarios de justicia”.
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Sin embargo, aquellas causas “corresponden a una cantidad mínima, lo que no causaría ningún trastorno en la programación del trabajo de esos tribunales, así como tampoco se advierte algún impacto negativo desde el punto de vista organizacional, ni financiero para este Poder del Estado.
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