El tribunal de alzada ordenó a la entidad dirigida por Dorothy Pérez informar los fundamentos para exigir al Minsal identidades y diagnósticos de niños, niñas y adolescentes.
La disputa entre la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Salud entró en una nueva fase judicial. La Corte de Apelaciones de San Miguel acogió a tramitación un recurso de protección que cuestiona la instrucción de la contralora Dorothy Pérez para obtener bases de datos detalladas sobre niños, niñas y adolescentes que forman parte de programas de identidad de género.
Según reveló Informe Especial, la acción legal fue presentada por un usuario del Programa Salud Trans, quien acusa que la exigencia de nombres, RUT y diagnósticos médicos vulnera la Ley de Protección de Datos Personales.
El recurrente argumenta que la pretensión del órgano fiscalizador constituye una “intromisión desproporcionada” y exige que cualquier auditoría se realice con datos estrictamente anonimizados.
Al declarar admisible el recurso, la Corte notificó a la Contraloría para que evacúe un informe en el que explique por qué considera indispensable contar con la identidad social, registral y clínica de los menores para cumplir con su rol auditor.
La CGR solicitó una ampliación de plazo de diez días para entregar sus descargos, petición que fue aceptada por el tribunal.
Aunque la justicia decidió tramitar el fondo de la denuncia, rechazó la “orden de no innovar”. Esto implica que, mientras se resuelve el conflicto jurídico, el oficio enviado por Dorothy Pérez al Minsal sigue vigente, pese a que la cartera de Salud ha evitado entregar antecedentes amparándose en tratados internacionales de protección a la infancia.
Según los antecedentes revelados por el programa de investigación, la Defensoría de la Niñez envió un documento reservado a la titular de la Fiscalía administrativa, exhortándola a ponderar los riesgos de seguridad y los impactos adversos que podría tener el tratamiento de estos datos sensibles en grupos de especial protección.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
