El fallo unánime de la Sexta Sala del tribunal de alzada también autorizó una orden de detención previa, argumentando la gravedad del delito, su comisión en grupo y el riesgo de fuga evidenciado por la huida del imputado a través de la frontera norte del país.
Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago autorizó la extradición del ciudadano venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández, acusado como autor del delito de homicidio calificado de José Felipe Reyes, o “Rey de Meiggs“, ocurrido en junio pasado, en la comuna de Ñuñoa.
El imputado se encuentra actualmente detenido en Bogotá, Colombia.
En un fallo unánime, la Sexta Sala del tribunal de alzada, compuesta por los ministros Juan Cristóbal Mera, Patricio Álvarez y la abogada integrante Paola Herrera, acogió tanto la orden de detención previa como la solicitud de extradición presentada por el Ministerio Público.
Según la resolución judicial, el caso cumple con todos los requisitos exigidos por el Tratado de Extradición firmado entre Chile y Colombia en 1929, incluyendo que el delito imputado —homicidio calificado— se encuentra contemplado en el catálogo del tratado, es sancionado con penas significativas en ambos países y no corresponde a un delito de carácter político.
Además, el imputado no ha sido juzgado por los mismos hechos en Colombia y la acción penal no ha prescrito ni en Chile ni en ese país.
La Corte argumentó que en Chile el homicidio calificado contempla penas que van desde presidio mayor en su grado máximo hasta presidio perpetuo, mientras que en Colombia, este tipo de delito puede alcanzar hasta 600 meses de prisión, según los artículos 103 y 104 del Código Penal colombiano.
En su fallo, el tribunal también fundamentó la procedencia de la orden de detención previa, citando la gravedad del crimen, su comisión en grupo, la alta penalidad asignada y, especialmente, el hecho de que Mejía salió del país por la frontera norte, estableciendo así un riesgo real de fuga.
El tribunal instruyó que, conforme al artículo 434 del Código Procesal Penal, se solicite formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores que pida al gobierno colombiano la detención preventiva del imputado mientras se tramita la extradición.
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