Luego de realizar auditorías en 10 municipios, Contraloría encontró antecedentes que podrían ser constitutivos de delitos por lo que remitió la información al Ministerio Público.
Las indagatorias se realizaron entre los meses de enero y diciembre de 2018, y de acuerdo a una publicación de La Segunda, las municipalidades involucradas son las de Santa Cruz -donde Contraloría hizo una denuncia-, Viña del Mar, La Cruz, Villarrica, Los Vilos, Maipú, Punta Arenas, Salamanca, Puerto Varas y San Ramón.
En los últimos cinco mencionados se concentra la mayor cantidad de recursos involucrados. En el caso de Maipú, el análisis de Contraloría detectó que el uso de $6.660.790.096 en aportes financieros reembolsables por capacidad y por extensión entregados por empresas privadas y públicas a la municipalidad no tiene el respaldo correspondiente.
En ese escenario, la Brigada de Delitos Económicos de la PDI se encuentra realizando las diligencias respectivas para determinar el destino del monto.
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En el caso de Punta Arenas, en tanto, se detectaron seis situaciones constitutivas de delito, relacionadas con la distribución de recursos a organismos como la Corporación de Educación y la administración de la Subvención Escolar Preferencial (SEP). Según el alcalde Claudio Radonich (RN), ellas se produjeron en administraciones anteriores.
En Salamanca, se constató la no ejecución del Plaza Santa Rosa, por la cual el municipio habría recibido recursos desde la empresa minera Los Pelambres, sin que se haya dado cuenta de la existencia de esos fondos que corresponden a 173.293.162 pesos, y también se detectaron pagos de distintos proyectos relativos al convenio, con cargo a cuentas corrientes con finalidades exclusivas, que llegan a 131.630.290 pesos.
En el caso del Departamento de Educación de Puerto Varas se detectó que la cuenta corriente habilitada por ese departamento para la administración exclusiva de fondos SEP registraba un saldo de 374.267.090 pesos, monto que no cubría el remanente del programa ascendente a 859.951.716 pesos.
Finalmente, en San Ramón la Contraloría alertó de dos situaciones que son indagadas por la Fiscalía de Delitos Violentos, Económicos y Funcionarios de la Fiscalía Sur.
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En primer lugar, el director de la Secretaría Comunal de Planificación, José Miguel Zapata, tuvo conocimiento de las licitaciones que fueron adjudicadas a una empresa de la cual fue dueño y con la que aún mantiene vínculos. Incluso, participó en la evaluación de las propuestas.
Y segundo, el alcalde Miguel Aguilera (ex PS) adquirió en 2016 una propiedad por 13.155 UF pagando 4.604 UF en efectivo, monto que a la fecha de la adquisición ascendió aproximadamente a más de 100.000.000 pesos: El origen de esta suma no fue justificado en su declaración de intereses y patrimonio.
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