El organismo fiscalizador aseguró que se están mezclando antecedentes sobre licencias médicas irregulares con el pago legítimo de viáticos y defendió que estos se ajustan a la normativa vigente.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un comunicado para responder a cuestionamientos sobre el pago de viáticos y el uso de licencias médicas en la institución, acusando que parte de la información difundida mezcla ambos conceptos de manera “tendenciosa”.
Según señaló el organismo, se ha vinculado la obtención fraudulenta o irregular de licencias médicas —denunciadas en informes previos— con el pago de viáticos a funcionarios que realizan labores de fiscalización en terreno, lo que, a su juicio, corresponde a situaciones distintas.
La Contraloría explicó que el pago de viáticos responde a obligaciones legales, considerando que sus funcionarios deben desplazarse a lo largo del país para realizar auditorías que pueden extenderse por varios días, incluyendo comunas alejadas de las sedes institucionales.
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En ese contexto, detalló que durante 2025 se realizaron 2.619 fiscalizaciones y que los montos asociados a viáticos están definidos por la normativa vigente para toda la Administración Pública.
Respecto a los viáticos internacionales, la entidad aclaró que algunos casos observados corresponden a misiones en el extranjero cuyos gastos fueron cubiertos por organismos externos, como la Organización Panamericana de la Salud (OPS), por lo que no implicaron gasto fiscal.
También abordó su participación en instancias internacionales, como la asamblea de la INTOSAI, señalando que se trata de actividades técnicas de capacitación y representación, realizadas bajo criterios de austeridad y conforme a la normativa.
En materia de gestión interna, la CGR aseguró que ha reducido el gasto en viáticos y pasajes en los últimos años, con disminuciones de 11% y 43% en 2024 y de 25% en 2025. Además, indicó que para 2026 se proyecta una baja adicional del 35% en el presupuesto destinado a estos ítems.
Sobre las licencias médicas, el organismo informó que estas han disminuido en un 16,2% y que se implementó un plan de recuperación de recursos que permitió restituir el 85% de los fondos asociados a este concepto durante 2025.
Finalmente, la Contraloría sostuvo que los antecedentes cuestionados forman parte de reportes públicos enviados periódicamente al Congreso.
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