El organismo fiscalizador otorgó un plazo de cinco días hábiles a la cartera liderada por la ministra vocera para justificar los recursos utilizados y el respaldo fáctico de una imagen difundida en redes sociales, donde el Ejecutivo asegura haber recibido "un Estado en la quiebra" y con la caja vacía.
La Contraloría General de la República (CGR) ofició este miércoles 25 de marzo a la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), requiriendo información detallada sobre una gráfica difundida a través de las redes sociales oficiales del Ejecutivo y que, posteriormente, fue borrada.
En el documento, firmado electrónicamente por la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, el ente regulador pone el foco sobre una publicación difundida en Instagram por las cuentas conjuntas de Gobierno y Vocería. El post en cuestión busca explicar por qué la actual administración no puede aplicar una rebaja al precio de las gasolinas a través del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).
La imagen objeto de la fiscalización, caratulada bajo el concepto de “Gobierno de Emergencia”, responde de manera directa a la interrogante ciudadana sobre la imposibilidad de disminuir el valor de la bencina. En la gráfica, el Ejecutivo entrega sus razones acusando de manera tajante: “Porque nos dejaron sin plata” y calificando la situación heredada como la de “un Estado en la quiebra”. En esa misma línea, la pieza gráfica asegura que el país quedó “endeudado en más de 49 mil millones de dólares” y con “la caja del Estado completamente vacía”.
Frente al tono y las aseveraciones de la campaña, la División de Fiscalización de la Contraloría exigió a la Segegob que rinda cuentas sobre los recursos públicos y el personal específico que estuvo involucrado en la generación y publicación de dicho contenido en la red social. Asimismo, el requerimiento solicita de forma expresa que el ministerio informe cuál es el fundamento normativo detrás de estas acciones comunicacionales y, de manera particular, que entregue los “sustentos fácticos” que respaldan las graves afirmaciones económicas contenidas en la publicación.
Para dar cumplimiento a esta instrucción, el organismo de control otorgó a la secretaría de Estado un plazo perentorio de cinco días hábiles, los cuales se cuentan a partir de la recepción del oficio. La información solicitada deberá ser ingresada formalmente a través de la plataforma Ventanilla Única de la CGR y notificada vía correo electrónico a la Jefa de la Unidad Técnica y Coordinadora de Control Externo de la División de Fiscalización, Isabel Villar Montecinos.
Finalmente, el documento es enfático en advertir al Gobierno que eventuales normas relativas al secreto o reserva de antecedentes no son un obstáculo válido para evitar proporcionar la información requerida, respaldando esta exigencia en las facultades fiscalizadoras consagradas en la ley N° 10.336.
"¿Qué hubiera ocurrido si en vez de que ella hubiera servido, Kast hubiera servido? Ahí tienes un mensaje de género absolutamente claro". Según Montecino, "estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional" que obliga al país a preguntarse empíricamente "quién cuida".
