El ente contralor ordenó la apertura de un procedimiento disciplinario en el municipio y entregó los antecedentes del caso al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La Contraloría Regional de Ñuble, tras una investigación especial, determinó que la Municipalidad de Trehuaco “no ejecutó los controles necesarios en la revisión y validación de facturas emitidas por proveedores”.
En su informe, se señala que, en el caso de la empresa Áridos, Ingeniería y Construcción VDD Limitada, se emitieron 8 facturas por un monto que asciende a $537.107.780; sin embargo, no existieron obras ni servicios asociados.
Dicha situación también se verificó con la empresa Servicios Nueva Biozono SpA, que “emitió 5 facturas por $144.741.901 correspondientes a servicios no prestados”.
🔴INVESTIGACIÓN ESPECIAL | Contraloría iniciará sumario en M. de Trehuaco, Ñuble, por irregularidades en control de facturas y eventual conflicto de interés.
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El ente contralor también constató que “documentos tributarios de ambas empresas fueron cedidos a compañías de factoring, aun cuando los servicios no se realizaron, por un monto total de $492.076.782″.
Asimismo, se comprobó que la Municipalidad no objetó facturas dentro de los plazos establecidos por norma, provocando su aceptación irrevocable.
Debido a ello, el municipio quedó con la obligación de “pagar $63.145.808, cifra que incluye $28.343.814 ya pagados a proveedores. A la fecha de la fiscalización, la municipalidad tampoco había presentado acciones judiciales para su defensa”.
A los hallazgos antes mencionados, en el informe también se indica que el director de la Dirección de Obras Municipales (DOM) “respondió requerimientos y aceptó cesiones de facturas de empresas de factoring sin contar con atribuciones legales, contrariando los deberes funcionarios establecidos en el artículo 52 del Estatuto Administrativo”.
Adicionalmente, el administrador municipal firmó dos decretos de pago de 2025 por una suma de $3.956.750. Esto, a pesar de ser socio de SOTIR SpA, “infringiendo la ley”.
El mismo funcionario firmó otro decreto de pago de 2024 por $7.991.400, monto que correspondía a “servicios odontológicos prestados por una empresa cuyo propietario mantiene vínculo de parentesco por afinidad con él y con quien comparte una sociedad comercial”.
Debido a estos hallazgos, la Contraloría informó que instruirá un procedimiento disciplinario en la Municipalidad de Trehuaco para determinar eventuales responsabilidades.
También ordenó al municipio rendir, en un plazo de cinco días hábiles, “las investigaciones sumarias iniciadas mediante los decretos alcaldicios N° 944, 945 y 946 de 2025”.
Los antecedentes de este caso serán entregados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
La aplicación retroactiva de la norma, que establece una legítima defensa privilegiada para policías, generó una crisis en la alianza de gobierno y llevó al PS a congelar su participación.
