La Contraloría identificó en su examen de cuentas que la Municipalidad de Longaví realizó pago improcedentes a un servicio de asesorías financieras.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó un examen de cuentas a la Municipalidad de Longaví para fiscalizar el uso de los recursos públicos. En este proceso, constató la existencia de pagos improcedentes por un total de $732.914.879.
Por esta razón, la Contraloría Regional del Maule ordenó un reparo para investigar las irregularidades financieras detectadas en el municipio durante el período comprendido entre mayo de 2022 y diciembre de 2024.
El pago de más de $732 millones por parte de la municipalidad a asesorías financieras fue lo que encendió las alertas del organismo fiscalizador.
Según la CGR, dichos pagos son improcedentes, ya que no corresponden a un “servicio único y especializado” que requiera la contratación de personal externo a la institución. Detalló que los servicios contratados correspondían a labores que podían ser realizadas por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio.
Además, explicó que el monto pactado no tenía un precio claro ni fijo en función del servicio de asesoría contratado, sino que se encontraba determinado en base a “beneficios de una licitación anterior”.
Por ello, la Contraloría Regional ordenó un reparo para “recuperar los fondos mal utilizados”, correspondientes a 33 pagos realizados entre 2022 y 2024.
🔴EXAMEN DE CUENTAS | Ordenamos reparo por más de $700 millones por pagos improcedentes en la Municipalidad de Longaví.
La nota acá 👉 https://t.co/46bD2Mpvls pic.twitter.com/tZJgIDH4Pz— Contraloría (@Contraloriacl) January 30, 2026
Según informó el ente contralor, durante la inspección también se detectaron otras irregularidades financieras en el manejo del gasto público municipal.
Entre ellas, se identificó la suma de $847.723.141 generada por el municipio a partir de recursos recibidos de terceros, los cuales eran administrados en sus cuentas corrientes, explicó la CGR.
Otra irregularidad corresponde a las diferencias detectadas entre las cartolas bancarias del municipio y las del banco, correspondientes a los períodos de febrero de 2023 y octubre de 2024.
Por lo anterior, el organismo instruyó implementar “controles para emitir órdenes de compra ajustadas a contratos vigentes y al sistema correspondiente, así también, garantizar certificaciones efectuadas por funcionarios formalmente designados y cumplir con los plazos de pago establecidos”.
Además, el municipio deberá revisar los fondos mantenidos en sus cuentas, solicitar a los terceros involucrados autorización para retener el dinero generado por intereses y, en caso de recibir una respuesta negativa, proceder a su devolución.
Desde el ministerio señalaron que tras la confirmación se "reforzó de inmediato el protocolo de vigilancia y control intensivo para prevenir riesgos asociados a este vector transmisor de enfermedades".
