La Contraloría detectó diversas irregularidades en la administración de los liceos que la Universidad de Santiago de Chile (USACH) gestiona por delegación del Ministerio de Educación (Mineduc), tras una auditoría que revisó la ejecución de los convenios entre ambas instituciones durante 2023 y 2024.
Según el Informe N° 807, la revisión tuvo como fin “verificar la existencia de mecanismos de control y supervisión para la correcta ejecución de los convenios, revisar el proceso de rendición de cuentas de los recursos transferidos y comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para la administración de los respectivos establecimientos educacionales”.
La fiscalización comprendió el Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez y los liceos Experimental Artístico, Industrial de Angol, Industrial de Nueva Imperial y Bicentenario Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, donde se detectaron diversas observaciones en el uso de recursos públicos.
Entre las principales irregularidades figuran el “pago de asignaciones y bonos sin acreditar su procedencia ($165.802.665)”, “gastos rendidos por actividades no vinculadas al funcionamiento de los liceos ($103.783.058)”, “bienes no habidos ($5.555.932)” y “la existencia de un trabajador registrado simultáneamente en la dotación de dos establecimientos sin acreditar el cumplimiento efectivo de sus jornadas laborales ($18.863.245)”.
Debido a estos antecedentes, la Contraloría informó que “formulará un reparo por un total de $327.700.415, conforme a lo dispuesto en la ley N° 10.336, sin perjuicio de otras acciones relacionadas”. Asimismo, agregó que “en los casos que corresponda, la universidad deberá instruir procedimientos disciplinarios”.
En materia de probidad, el organismo también constató que “la USACH no dispone de mecanismos formales asociados a conflictos de intereses en la administración de los liceos bajo su supervisión”. En ese contexto, “se detectó la contratación de una sociedad vinculada a un funcionario de la institución, así como de personas con vínculos familiares directos”, situaciones que “no se ajustan al principio de probidad administrativa”.
Otro de los hallazgos apunta al Instituto Comercial Eliodoro Domínguez Domínguez, donde la auditoría evidenció que “imparte la especialidad Técnico-Profesional de Administración desde 2016, sin contar con la autorización de la SEREMI de Educación de la Región Metropolitana, exigida por la normativa vigente”. Por ello, la universidad “deberá informar las gestiones realizadas para regularizar esta situación”.
Finalmente, el informe observó que “la cantidad de cursos, especialidades formativas y matrícula de diversos establecimientos administrados por la USACH presenta disminuciones respecto de lo establecido en los convenios suscritos con el Ministerio de Educación, sin que existan antecedentes que acrediten la autorización correspondiente”. Frente a ello, la casa de estudios deberá remitir la documentación que respalde las gestiones realizadas para regularizar estas observaciones, mientras la Contraloría continuará verificando el cumplimiento de las medidas comprometidas.
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