El ente contralor reveló que existieron situaciones que afectaron de manera directa la operación del recinto hospitalario. En concreto, "provocaron la suspensión de cirugías y procedimientos ambulatorios, generando un perjuicio económico estimado en aproximadamente $5.489 millones".
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó que, entre 2023 y 2025, el contrato de concesión del Hospital Regional de Antofagasta, a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC), “presentó una serie de fallas que comprometieron su funcionamiento y la atención de 3.884 pacientes”.
Según el ente contralor, se realizó una auditoría a la DGC “sobre la fase de explotación del contrato de concesión del citado hospital, con el propósito de verificar el cumplimiento contractual y normativo de los servicios de mantenimiento y operación del sistema de climatización y otros asociados, así como evaluar si la DGC cuenta con mecanismos adecuados de monitoreo y control que aseguren la continuidad y operatividad del servicio, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025”.
En dicho informe se reveló que en ese período de tiempo se registraron al menos 12 incidentes, mayoritariamente deficiencias en el sistema de climatización, filtraciones de aguas servidas y cortes de suministro eléctrico.
Tales situaciones afectaron de manera directa la operación del recinto hospitalario. En concreto, “provocaron la suspensión de cirugías y procedimientos ambulatorios, generando un perjuicio económico estimado en aproximadamente $5.489 millones”.
Algunos de los aspectos tienen relación con el sistema de climatización, el cual presentó “varias deficiencias graves y persistentes. Esto, debido a que la capacidad instalada era insuficiente. En esta misma línea se detectaron daños estructurales en torres de enfriamiento, desgaste en estructuras metálicas y ausencia de protección contra el fuego en casetones ubicados en pisos técnicos”.
Adicionalmente, se detectaron “fallas en la central térmica y en el Sistema de Automatización y Control Centralizado, que opera parcialmente, sin capacidad adecuada de monitoreo, regulación automática y generación de reportes”.
Asimismo, en febrero de 2023 se evidenció una falla en los equipos chiller (enfriadores de agua) del hospital, problema que se prolongó por 84 días, obligando a suspender 97 cirugías programadas.
Debido a ello, “el recinto hospitalario y la sociedad concesionaria debieron suscribir convenios con instituciones privadas para garantizar la continuidad de las atenciones”.
También se constató que el hospital “asumió directamente el pago de $3.312.258 por 86 prestaciones de servicio de arsenalería quirúrgica, costos que debían ser cubiertos por la sociedad concesionaria, según lo estipulado en el convenio”.
Por otro lado, la Contraloría dio cuenta de “deterioros significativos en infraestructura”, como fisuras en losas, oxidación de metales, rotura de mallas, acumulación de aguas lluvias y esencia de deposiciones de aves en equipos, provocando riesgos tanto estructurales como sanitarios.
A ello se suma que “la sociedad concesionaria también incurrió en atrasos significativos en la reparación de fallas críticas, demorando entre 88 y 612 días en climatización, 362 y 664 días en sistemas asociados y hasta 1.980 días en otras fallas que seguían sin resolver. De igual forma, se apreció una demora en la respuesta a instrucciones de la inspección fiscal, entre 165 y 403 días corridos, incluyendo requerimientos sin respuesta”.
Y que entre 2023 y 2024 hubo dos filtraciones, una de aguas servidas y otra de agua caliente, lo que provocó la pérdida de 111.509 insumos y medicamentos, avaluados en $195 millones.
Desde la Contraloría Regional señalaron, además, que “entre enero de 2023 y mayo de 2025, la DGC cursó 92 resoluciones aplicando multas a la sociedad concesionaria, por un total de 27.350 UTM. Sin embargo, 58 de ellas fueron suspendidas por la Comisión Arbitral tras una demanda de la empresa en mayo de 2025”.
Sin embargo, la auditoría realizada “reveló una débil labor de supervisión por parte de la DGC, ejercida mediante inspección fiscal, respecto de las reiteradas intervenciones para un blindaje de la puerta de acceso a la sala de escáner. En concreto, se realizaron 18 intentos, todos fallidos, generando la suspensión de atenciones, imposibilidad de programar nuevas prestaciones y contratación de servicios externos por parte del hospital”.
Considerando los antecedentes, la Contraloría General de la República instruyó un procedimiento sumarial para determinar posibles responsabilidades administrativas de los involucrados.
Y se ordenó que la Dirección General de Concesiones “deberá acreditar las acciones implementadas por la concesionaria para regularizar los costos asociados a la pérdida de insumos y medicamentos, que ascienden a $195.102.594, mediante el reintegro de dichos recursos o la activación de eventuales seguros comprometidos”.
El exministro de Hacienda abordó el triunfo de José Antonio Kast, el estado de la centroderecha tradicional y advirtió las complejidades fiscales de cumplir con un recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses.
