Contraloría lanza consolidados de auditorías: Detectó falencias en seguridad pública, cárceles y gestión de drogas

La Contraloría General de la República (CGR) publicó el primer Consolidado de Resultados de Auditoría (CRA), el cual contiene observaciones detectadas entre enero de 2023 y julio de 2025 en áreas consideradas prioritarias: seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.

En el documento se incluyen 62 auditorías, de las cuales 22 son de carácter reservado “por contener información sensible”.

En torno a la seguridad pública, “se registraron en recintos penitenciarios 1.279 internos que recibieron visitas pese a tener prohibición y 1.539 ciudadanos que ingresaron con restricción de acceso. Además, 479 personas identificadas como abogados privados no pudieron acreditar su profesión”.

🔵NUEVO CRA | CGR presenta su primer Consolidado de Resultados de Auditorías, que agrupa observaciones detectadas en materia de seguridad pública, cárceles y gestión de drogas.

La nota 👉 https://t.co/qg8yNX6lMp pic.twitter.com/Rws6BixBCV

— Contraloría (@Contraloriacl) December 16, 2025

El ente contralor también evidenció que solo el 12,7% de los recintos penales tiene sistemas de inhibición de señal, los que tienen “múltiples limitaciones técnicas”.

Falencias en seguridad detectadas por la Contraloría

Por otro lado, el organismo detectó respecto al control de las fronteras que “funcionarios desplegados carecían de exámenes médicos y certificaciones requeridas, y no se realizaron todas las visitas a hitos ni patrullajes de soberanía”.

Adicionalmente, “se constató la ausencia de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados”.

En cuanto orden público y vehicular, la Contraloría evidenció que había 25 autos policiales con cámaras inoperativas, y que hubo casos de funcionarios sin examen psicológico o sin certificación para usar armamento menos letal.

Sobre fiscalizaciones vehiculares, un total de 626 autos con encargo por robo no fueron recuperados y “144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante controles. Además, en 145.715 procedimientos de tránsito no se verificaron placas en el sistema unificado, y 869 infracciones que implicaban retiro de vehículos no se concretaron”.

Los informes de la institución indican que “se identificaron armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en incautaciones y falta de trazabilidad en sistemas de PDI y Gendarmería. Adicionalmente, se observó que en la Armada no existe un sistema informático para registrar asignación y devolución de armamento”.

A ello se suma que en la Dirección General de Movilización Nacional se dio cuenta de personas con condenas vigentes que tenían armas registradas, adquisición de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin evidencia de transferencia.

Por último, la Contraloría constató que “las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia, con demoras de hasta 288 días. Se observaron diferencias de peso entre lo informado y lo registrado, con variaciones de hasta 32 kilos“.

Entre otros hallazgos, se encuentra que “las salas de custodia policial se usan como bodegas sin protocolos, y los recintos de salud presentan deficiencias en seguridad y control”.

Además, existieron “retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, incumpliendo el plazo legal de 15 días. En nueve entidades se encontraron medicamentos controlados vencidos y discrepancias en inventarios. Respecto de las acciones derivadas, se instruyeron 3 procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y se remitieron 9 informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación”.