La acción responde a una solicitud de pronunciamiento impulsada por el diputado Raúl Leiva (PS), en medio de crecientes cuestionamientos políticos.
A cinco días de que el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, deba comparecer ante el Congreso, la Contraloría General de la República dio un paso clave en la controversia que tensiona a la institución con el Ministerio de Seguridad.
Según consignó La Tercera, el organismo fiscalizador otorgó un plazo de diez días a la ministra Trinidad Steinert y al propio Cerna para que entreguen antecedentes sobre un oficio reservado enviado en marzo, publicado por Radio Biobío, cuya legalidad está ahora bajo revisión.
La acción responde a una solicitud de pronunciamiento impulsada por el diputado Raúl Leiva (PS), en medio de crecientes cuestionamientos políticos.
La polémica se originó el 13 de marzo, luego de que la ministra Steinert enviara un documento al director de la PDI solicitando información detallada sobre funcionarios vinculados a diligencias de la investigación del “Clan Chen”, caso que ella misma lideró cuando era fiscal de la Región de Tarapacá y antes de asumir como secretaria de Estado.
Durante la indagatoria, se habrían producido modificaciones en los equipos de trabajo que no contaron con la aprobación de Steinert, lo que, según trascendidos, habría generado tensiones internas.
El oficio incluía antecedentes sobre destinaciones, razones de traslados y posibles registros administrativos de los detectives involucrados, lo que generó inquietud debido a que se trataba de materias relacionadas con una investigación penal en curso, ámbito que corresponde al Ministerio Público.
La situación se volvió más compleja tras la respuesta al requerimiento por parte de la entonces subdirectora de Inteligencia, Consuelo Peña.
Días después, y luego de una reunión entre Steinert y Cerna el 20 de marzo, la oficial fue llamada a retiro, instalando dudas sobre una eventual relación entre estos hechos.
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