Columna Jorge Jaraquemada: El verdadero legado

A pocos días de que el gobierno actual entregue el mando, surge la pregunta inevitable: ¿cuál es su verdadero legado? No es sencillo responder, entre otras cosas porque el oficialismo se ha esforzado en presentar su administración como una herencia virtuosa, cuando para buena parte del país este ciclo político fue errático e ineficaz.

El gobierno llegó con pretensiones desmesuradas. Se autodefinió como la vanguardia moral del Chile post-estallido, como una generación que estaba llamada a superar el diseño de la transición. Sus dirigentes —que entre 2019 y 2021 legitimaron la violencia callejera y la desestabilización de las instituciones— se proclamaron arquitectos de un nuevo orden que nunca comprendieron en toda su complejidad.

De ese impulso inicial —febril, voluntarista y arraigado en certezas inveteradas— surgió su mayor fracaso: el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, cuando la ciudadanía rechazó, de manera rotunda, la propuesta constitucional promovida por la coalición gobernante. Ese momento no solo definió la caída de su proyecto sino también su “legado”: la ciudadanía recuperó, a un costo inmenso, su capacidad de resistir experimentos institucionales maximalistas.

Pese a ello, el gobierno se arroga el mérito de haber normalizado el país. Es una lectura complaciente o incluso desvergonzada. Únicamente después de entregar señales ambiguas ante la violencia, relativizar la relevancia del orden público, avalar tesis identitarias y promover indultos a reos del estallido, La Moneda moderó su tono por la necesidad táctica de garantizar su supervivencia política.

El panorama económico es desalentador, con escuálido crecimiento e inversión estancada, con incertidumbre regulatoria y un desempleo persistentemente elevado. A lo que se suma unadisposición hostil de las autoridades gubernamentales —al menos inicialmente— hacia el sector privado, y un clima de negocios signado por una carga regulatoria excesiva y una burocracia farragosa, que retrasaron proyectos relevantes, cuando no los sepultaron definitivamente.

En integridad —aunque trasciende al gobierno—, lo ocurrido evidencia un serio deterioro del Estado. El caso Convenios, la infiltración del narcotráfico en ramas de las Fuerzas Armadas, la red delictual en Gendarmería, los episodios de tráfico de influencias y las acusaciones a ministros de la Corte Suprema por presuntas coimas revelan una extendida y desconcertante degradación moral.

En seguridad, el gobierno será recordado más por sus omisiones que por sus logros. El crimen organizado se ha expandido sin freno, la violencia rural no ha sido contenida y las personas han debido alterar sus hábitos cotidianos por temor. Difícilmente pueda sostenerse que el país estéenrielado si la principal preocupación ciudadana se agravó sensiblemente.

Lo mismo se puede decir en casi cualquier ámbito. En salud, hay listas de espera de las cuales solo se sale una vez muerto o cuando se tienen buenas conexiones; en educación, los SLEPestán colapsados y el aprendizaje retrocedió a niveles equivalentes a los de hace una década; en la conducción, hubo bochornosos nombramientos basados en amistad o lealtad personal más que en las credenciales profesionales.

Entonces, ¿queda algo positivo? Tal vez una consecuencia paradójica: Chile parece haber desarrollado inmunidad ante el populismo refundacional. Las dos estrepitosas derrotas sufridas por el oficialismo —plebiscito de 2022 y reciente elección presidencial— desnudaron las incongruencias y falencias del proyecto que llevó al poder a Boric. La ciudadanía trazó un límite claro frente a un ideario que pretendió reemplazar la deliberación democrática por la presión callejera, los acuerdos por el activismo y la institucionalidad por la épica identitaria.

A fin de cuentas, ese es el verdadero legado del gobierno: haber servido como vacuna. Valga como advertencia histórica de los riesgos de gobernar desde la superioridad moral, el identitarismo o la nostalgia militante. Chile no saldrá más seguro ni más próspero de este ciclo; pero sí más lúcido respecto de lo que no quiere repetir. Y esta lección —ineluctable y costosa— puede perdurar más que cualquier línea del programa con que este gobierno soñaba refundar el país.

Jorge Jaraquemada
Director ejecutivo
Fundación Jaime Guzmán