El exfiscal regional Metropolitano Oriente quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto en el marco del caso Hermosilla. El 4° Juzgado de Garantía de Santiago fijó 45 días de investigación y ordenó que la cautelar se cumpla en Capitán Yáber.
La situación judicial de Manuel Guerra dio este jueves un giro decisivo. El exfiscal regional Metropolitano Oriente quedó en prisión preventiva luego de que el 4° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera la solicitud de la Fiscalía en la causa derivada del Caso Hermosilla. Además, el tribunal fijó un plazo de 45 días de investigación y dispuso que la medida cautelar se cumpla en Capitán Yáber.
La resolución cerró una audiencia de formalización que se extendió por varias jornadas y en la que el Ministerio Público imputó al ex persecutor por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto. En su decisión, el juez estimó que en esta etapa existen antecedentes suficientes para dar por acreditados los delitos formalizados y la participación de Guerra en ellos.
La investigación apunta a una serie de actuaciones que, según la Fiscalía, muestran que Guerra habría usado su cargo para entregar información reservada, anticipar decisiones procesales y mantener una relación impropia con el abogado Luis Hermosilla y con el entorno del exministro Andrés Chadwick. La formalización sostiene que esas conductas se habrían desplegado durante años y en causas de alta sensibilidad política e institucional.
Entre los antecedentes expuestos en audiencia aparecen, por ejemplo, la supuesta entrega de información estratégica sobre investigaciones del Ministerio Público, el adelantamiento de diligencias y decisiones procesales, así como gestiones y solicitudes de beneficios posteriores. El tribunal recogió además la tesis de un patrón sostenido de comunicaciones y favores, más que hechos aislados.
Uno de los pasajes más sensibles de la resolución aludió a una conversación del 11 de agosto de 2020, en la que, según lo expuesto en la audiencia, Guerra preguntó “qué quiere el gobierno respecto de Ossandón”, en el marco de una indagatoria que él mismo dirigía. Para el juez, ese intercambio sintetiza con claridad una eventual subordinación de decisiones del Ministerio Público a intereses políticos ajenos a su función. Esa fue una de las bases centrales para fundar la gravedad de los hechos.
El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió decretar la prisión preventiva del exfiscal al concluir que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Para llegar a esa decisión, el magistrado ponderó la gravedad de los delitos imputados, la pena probable asociada a ellos, el número de hechos formalizados y la posición institucional que ocupaba Guerra al momento en que habrían ocurrido.
En su argumentación, el juez sostuvo que los antecedentes describen un esquema de conducta prolongado por cerca de cinco años, con deliberación sostenida y uso de canales informales para el intercambio de información y favores. También remarcó el daño institucional que producirían este tipo de hechos, al comprometer la confianza ciudadana en la independencia del Ministerio Público y en la igualdad ante la ley.
El tribunal también descartó, por ahora, uno de los puntos levantados por la defensa: la posibilidad de aplicar una rebaja por colaboración sustancial. Según lo informado en la resolución, esa cooperación no resultó suficiente para alterar la prognosis de pena en esta etapa. Junto con ello, se fijó un plazo de 45 días para el desarrollo de la investigación.
La prisión preventiva de Manuel Guerra se ejecutará en Capitán Yáber, recinto al que suelen ser trasladados imputados en causas de alta connotación pública. El juez justificó esa decisión en el carácter del cargo que ejerció el exfiscal regional y en la necesidad de resguardar su integridad física.
Con ello, Guerra pasará a cumplir la medida cautelar más gravosa mientras sigue avanzando una de las aristas más delicadas del caso Hermosilla, investigación que ya ha salpicado a abogados, exautoridades y figuras ligadas al sistema político y judicial. La defensa, en tanto, anunció que estudiará eventuales acciones para impugnar la resolución dentro del plazo legal.
El exministro de Hacienda abordó el triunfo de José Antonio Kast, el estado de la centroderecha tradicional y advirtió las complejidades fiscales de cumplir con un recorte de US$ 6.000 millones en 18 meses.
