El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra del exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, e imputados del Caso Audio.
En concreto, la acción judicial apunta contra el exministro Ulloa, los abogados Luis Hermosilla, Samuel Donoso y Mario Vargas, así como contra el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, según consignó.
La querella, que fue ingresada al Séptimo Juzgado de Garantía, acusa a Ulloa de los presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho agravado y prevaricación judicial.
En tanto, a los demás imputados del Caso Audio, el organismo querellante les atribuye el presunto delito de soborno.
De acuerdo con el CDE, a partir de los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en la causa, los abogados habrían intervenido en varios nombramientos judiciales.
“Los antecedentes disponibles en la investigación darían cuenta de una red de relaciones personales entre los imputados Hermosilla, Vargas y Donoso, profesionales y personas de confianza, en cuyo contexto se habrían realizado gestiones para favorecer el nombramiento de Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, y en la designación de otras personas en cargos del Poder Judicial“, señaló el comunicado.
Así, la querella del organismo describe las acciones que se habrían realizado para beneficiar al exministro y que, una vez en el cargo, resolvió “en diferentes causas en favor de los intereses representados por los referidos abogados“.
A esto se le suma que la acción judicial acusa a Ulloa de filtrar información reservada que obtuvo durante su período en el cargo, como antecedentes sobre votaciones o acuerdos.
En el caso de Sergio Yáber, la querella señaló que este habría transferido periódicamente a Ulloa cerca de $74,3 millones entre febrero de 2019 y abril de 2025. En dicho período, el exministro votó “a su favor en un proceso para proveer el cargo de Conservador de Hipotecas y Gravámenes de Santiago”, explicó el CDE.
“Estas actuaciones revisten, además de ser constitutivas de los delitos que indica, una especial gravedad, afectando seriamente el Estado de derecho y principios tan básicos como el de igualdad ante la ley”, cerró el CDE.
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