La Fundación Democracia Viva presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Esto, luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo terminara de manera unilateral los tres convenios que mantenían, lo que dio paso al denominado Caso Convenios.
“Hemos hecho ingreso de un recurso de protección en la corte de apelaciones de Antofagasta con el objetivo de avanzar en poner correcto término a los convenios suscritos con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, expresaron desde la institución representada por Daniel Andrade, ex militante de Revolución Democrática.
“La preeminencia de un actuar político poco respetuoso de la rigurosidad técnica necesaria en estos actos administrativos, nos hace recurrir a los tribunales de justicia para buscar su pronunciamiento respecto de la ilegalidad y arbitrariedad del acto que pone término unilateral a los convenios por parte del Minvu”, agregaron.
Finalmente, zanjaron que “esperamos un pronunciamiento favorable para proceder a poner término a los convenios y restituir los montos no ejecutados, como hemos manifestado desde el comienzo, es nuestra voluntad”.
Cabe recordar que tras conocerse el caso, la Seremi del Minvu en Antofagasta dictó una resolución en la que puso término anticipado a los convenios que sostenía con Democracia Viva.
Daniel Andrade dice que fue el Minvu que contactó a Democracia Viva para suscribir los convenios
Daniel Andrade, uno de los principales investigados por el denominado Caso Convenios, afirmó el viernes pasado que fue Carlos Contreras, ahora ex secretario regional ministerial de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta, quien contactó a Democracia Viva para suscribir los cuestionados contratos.
En entrevista con Chilevisión, el representante legal de la fundación sostuvo: “Es el Minvu, y en particular el seremi quien me contacta a mí, y entiendo que contactó también a todas las otras fundaciones nuevas que participaban de estos convenios”.
En ese sentido, Andrade afirmó que Contreras le conversó “de que hay una mala evaluación de las fundaciones anteriores y que van a diversificar las fundaciones para que se lleve adelante la gran tarea de las 260 mil viviendas”.
ARCHIVO/AGENCIA UNO
Al respecto, “yo le planteo de vuelta que nosotros no tenemos la experiencia en la construcción de infraestructura, nuestra experiencia está más ligada a trabajos territoriales, a poder organizar a la comunidad, y él me dice que no hay un problema derechamente porque la mayoría de las fundaciones lo que hace es subcontratar constructoras“, continuó.
“Yo le digo ‘bueno, eso es lo que es’. Yo siento que ahí no debería haber accedido a eso porque no teníamos la expertiz en la parte de construcción, pero se me dijo que así era como funcionaba. Ahí hago una autocrítica”, sentenció.
También sostuvo que “no se ha robado ningún peso” asignado y que los $131 millones fueron rendidos entre noviembre de 2022 y junio de 2023. “Todavía no entendemos bien la posición que ha tomado el ministerio“, expresó.
Además, dijo que, “mirándolo en retrospectiva, jamás habría firmado esos convenios y creo que fueron un error gigante, por todo el daño que se le ha provocado a mi gente cercana, al gobierno, a la diputada Catalina Pérez, a mucha gente”.
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