El Ejecutivo defendió el Plan Nacional de Búsqueda luego del reportaje que atribuye a Bernarda Vera, registrada como detenida desaparecida, una residencia en Argentina. Mientras la UDI ofició a Contraloría y el Partido Nacional Libertario presentó una querella, ministros como Jaime Gajardo, Camila Vallejo y Álvaro Elizalde acusaron “negacionismo” y remarcaron que la identidad de la mujer sigue en verificación con apoyo de Argentina y Suecia. 
El Gobierno defendió este sábado el Plan Nacional de Búsqueda tras la controversia por el reportaje que atribuye a Bernarda Vera, registrada por décadas como detenida desaparecida, una residencia actual en Argentina.
Mientras la UDI ofició a Contraloría por un eventual fraude en beneficios y el Partido Nacional Libertario ingresó una querella contra autoridades, ministros de La Moneda acusaron “negacionismo” y remarcaron que la identidad de la mujer aún está bajo verificación.
En conversación con Chilevisión, mismo medio que publicó el reportaje, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó las acciones judiciales como “impresentables” y sostuvo que “carecen de fundamento normativo y fáctico”.
Y añadió: “Son tan irresponsables las denuncias (…) carecen de cualquier argumento jurídico real, y por eso arriesgan las penas del artículo 211 del Código Penal, que es una denuncia calumniosa”.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también salió al paso de las acusaciones contra el exministro de Justicia y hoy titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, apuntando a una ofensiva política.
“Aquí hay una utilización política irresponsable, mezquina, inhumana y negacionista”, dijo, y llamó a que quienes defienden a condenados por delitos de lesa humanidad “contribuyan a que entreguen la información” pendiente.
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Más tarde, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, justificó la respuesta del Ejecutivo y afirmó que “las denuncias y querellas presentadas contra el ministro Cordero carecen absolutamente de fundamento (…) y dan cuenta de una actitud negacionista”.
El punto de partida fue el reportaje de CHV Noticias que ubicó en Miramar (Argentina) a una mujer que podría ser Bernarda Vera.
El caso se enmarca en diligencias del Plan Nacional de Búsqueda y en antecedentes recabados con Argentina y Suecia; de hecho, en mayo de 2025 Chile recibió documentación desde el Estado sueco que permitió profundizar la indagatoria.
A la fecha, no hay confirmación concluyente de identidad y el juez Álvaro Mesa continúa con las pesquisas.
El Informe Rettig consignó que Vera, profesora y militante del MIR, fue detenida el 10 de octubre de 1973 en la zona de Trafún y que se presumía su ejecución en el puente Villarrica sobre el río Toltén, quedando desde entonces como detenida desaparecida.
El eventual hallazgo en Argentina, aún bajo cotejo, abrió un debate sobre eventuales errores históricos y sobre el alcance del Plan de Búsqueda, activo desde agosto de 2023 para esclarecer el destino de 1.162 personas.
Tras la emisión del reportaje, los diputados Jorge Alessandri y Daniel Lilayu (UDI) acudieron a Contraloría para que indague un posible fraude en reparaciones a familiares de víctimas.
El Partido Nacional Libertario, en tanto, junto al abogado Maximiliano Murath, presentó una querella que apunta a la gestión de Cordero, cuando era ministro de Justicia, y a la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano.
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