La iniciativa ingresada por el gobierno de José Antonio Kast fue aprobada en general por 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Con ello, el proyecto de Escuelas Protegidas fue despachado a segundo trámite y enviado al Senado.
Este lunes, la Sala de la Cámara despachó a segundo trámite el proyecto “Escuelas Protegidas”, ingresado por la administración de José Antonio Kast.
La iniciativa, que tiene como objetivo establecer una serie de medidas para afrontar hechos violentos que se registren al interior de establecimientos educativos, como la revisión de mochilas, sanciones por la interrupción de clases y nuevos requisitos para acceder a la gratuidad, contó con el respaldo en general de 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones. Posteriormente, se realizaron 27 votaciones referidas al articulado e indicaciones.
En el debate, se cuestionó que la iniciativa no incluyera su funcionamiento y que la problemática actual recayera en los profesionales de la educación. Además, parlamentarios realizaron diversas reservas de constitucionalidad por considerar que las normas aprobadas vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes y principios como la igualdad ante la ley, como por ejemplo la inhabilidad para acceder a la gratuidad.
El contenido del proyecto
El texto, que se encuentra en plena tramitación, propone incorporar en los reglamentos internos la medida de revisar mochilas, bolsos u otros efectos personales de los estudiantes, excluida su vestimenta. Esto tiene como objetivo evitar el ingreso, uso, porte y posesión de elementos que podrían utilizarse para agredir a otros o atentar contra la infraestructura del establecimiento educacional.
Cabe destacar que estará estrictamente prohibido requerir al estudiante que se desnude, así como su revisión corporal.
En caso de que se observen elementos como los descritos en la norma, el establecimiento educacional deberá informar del hecho a los apoderados, además de Carabineros o la Policía de Investigaciones.
El proyecto estipula que el reglamento interno de cada establecimiento deberá establecer qué personal estará expresamente autorizado para realizar esta revisión. Asimismo, en Sala se aprobó una indicación renovada (75 votos a favor, 67 en contra y 7 abstenciones) que establece que, en el caso de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, la revisión debe contar con el asesoramiento de un profesional del equipo PIE o de convivencia escolar.
Respecto a la norma que establece nuevos requisitos para obtener la gratuidad en la educación superior, el artículo aprobado por 83 votos a favor y 65 en contra determina que no podrán acceder a este beneficio aquellos estudiantes condenados por delitos que atenten contra la vida, la integridad física de las personas o la propiedad, pública o privada. La citada inhabilidad tendrá una duración de cinco años.
Asimismo, se fija el deber de las instituciones de educación superior obligadas a otorgar estudios gratuitos de suspender este beneficio a los estudiantes condenados por estos delitos.