La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes los tres vetos ingresados por el presidente José Antonio Kast al proyecto de Reconstrucción Nacional.
En la sesión de Sala se discutió respecto de las tres observaciones que ingresó el Ejecutivo a la megarreforma para retirar el derecho al olvido financiero, el anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) y las nuevas medidas para asegurar que las pymes reciban sus pagos en un máximo de 30 días.
Con 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones, se aprobó el veto del Ejecutivo para retirar la indicación sobre el anatocismo en la megarreforma.
Asimismo, se aprobó la observación para eliminar la norma del olvido financiero, con 75 votos a favor, 58 en contra y 13 abstenciones.
Ocurrió lo mismo con el veto presidencial que busca suprimir la indicación para garantizar el pago a 30 días para las pymes, el cual fue respaldado con 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones.
Con esto, los tres vetos presidenciales serán despachados hasta el Senado para continuar su tramitación, que se proyecta será el miércoles 12 de agosto.
La discusión en la Cámara
En la votación, el diputado del Partido Republicano Agustín Romero señaló que “hoy no estamos discutiendo si queremos proteger a los deudores, a las pymes o a quienes han enfrentado dificultades económicas. Lo que estamos discutiendo es algo muy distinto; estamos discutiendo si, para protegerlos, vamos a mantener normas que, bajo una apariencia reactiva, terminan perjudicando precisamente a quienes dicen beneficiar“.
En esa línea, criticó que “se pretende prohibir absolutamente el anatocismo. Suena superbién, pero si esa prohibición termina encareciendo el crédito, eliminando mecanismos de repactación, restringiendo períodos de gracia y dificultando el acceso al financiamiento, ¿quién paga finalmente esa supuesta protección? No la paga el banco, evidentemente. Ni tampoco los parlamentarios que se paran acá a hablar”.
Añadió que “la verdadera protección social no consiste en prometer beneficios en el papel para después cobrar costos en la realidad. Este proyecto de ley busca la reconstrucción de zonas destruidas, incentivar el empleo, obviamente la inversión y el crecimiento económico, y no podemos convertirlo en un vehículo para incorporar normas ajenas a sus ideas matrices y que, además, pueden terminar perjudicando a los chilenos”.
Por su parte, la diputada del Partido Comunista (PC) y exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aseguró que el ingreso de estos tres vetos confirma que “estamos ante un gobierno antipyme”.
“Un gobierno que habla de crecimiento y emprendimiento, pero cuando tiene que tomar una decisión, lo hace contra la pequeña empresa y solo a favor de proteger a la grande. Eso es exactamente lo que ocurre al vetar el pago a 30 días: para una gran empresa demorarse en pagar puede ser una decisión financiera, para una pyme, que no le paguen a tiempo puede significar no tener cómo pagar sueldos, proveedores o simplemente bajar la cortina”, sostuvo.
“Entonces, preguntémonos: ¿a quién protege este gobierno? Cuando tiene que elegir entre la pyme que necesita que le paguen para sobrevivir y la gran empresa que demora el pago, protege solo a la gran empresa; cuando tiene que elegir entre una persona endeudada y el negocio de seguir cobrándole intereses sobre intereses, protege el negocio financiero. Mientras veta estas medidas, mantiene los enormes beneficios de una reforma hecha a la medida de quienes más tienen; por eso hablamos de un gobierno antipyme”, agregó.
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