En un informe de 10 páginas, donde el principal punto manifiesta preocupación por violaciones a los derechos humanos, consiste la carta abierta al Presidente de la República, Sebastián Piñera, presentada por la Amnistía Internacional en el contexto de las manifestaciones sociales ocurridas durante el 2011.
Según el periodista y analista, Nibaldo Moschiatti, la acusación del organismo internacional pese a que considera diversos tópicos como los derechos de salud y reproductivos o la falta de corresponden entre algunas convenciones internacionales con las legislaciones que Chile ha suscrito, específicamente refiriéndose a la Ley de Amnistía, el foco más relevante tiene relación con la represión excesiva por parte de la policía en las movilizaciones sociales del pasado año.
"Según Amnistía no existió distinción entre las personas que ejercieron pacíficamente su derecho a reunión y aquellas que se confrontaban en forma violenta contra carabineros", afirmó Moschiatti.
El periodista agregó que la respuesta del vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, fue "pobre", reafirmando una política dura, donde toda protesta que no se ciña a los márgenes de la ley conllevará represión policial, instrumento que según Moshiatti, es válido, sin embargo, al no existir diferenciación entre los manifestantes, ha sido mal aplicada.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
