El fallo del máximo tribunal —aprobado por mayoría— plantea que debe aplicarse la ley vigente al momento de los hechos y no una normativa posterior más estricta, lo que podría abrir la puerta a una salida anticipada del imputado.
La Corte Suprema resolvió recientemente un caso que vuelve a poner bajo el foco a Alejandro Angulo, uno de los cuatro responsables del asesinato de Daniel Zamudio en 2012, crimen que impulsó la creación de la Ley Antidiscriminación.
El máximo tribunal revocó una decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y ordenó a Gendarmería evaluar si Angulo puede acceder a una reducción de su pena, lo que podría significar su salida anticipada de prisión.
Angulo, conocido como “El Ale” o “GAK” dentro del penal, cumple actualmente una condena de 15 años en la cárcel Colina Uno, específicamente en la Torre 2A.
Ha pasado ya 13 años privado de libertad y le restan menos de 19 meses para completar su sentencia, que vence en marzo de 2027.
Con cuatro votos a favor y uno en contra, la Corte Suprema dictaminó que Angulo fue condenado bajo una normativa anterior a la promulgación de la Ley 21.421 —vigente desde 2022— que endurece el acceso a beneficios penitenciarios, recogió La Tercera.
Por lo tanto, según el fallo, Gendarmería debió aplicar el marco legal vigente al momento del delito, y no una ley posterior más restrictiva.
“La exclusión del recluso de la Comisión de Reducción de Condena implica una vulneración de su libertad personal”, estableció el fallo del tribunal supremo.
El conflicto legal comenzó en junio, cuando el abogado de Angulo, Ricardo Bravo, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago.
En la acción, el jurista acusó a Gendarmería de negarle a su representado el derecho a ser evaluado para una posible reducción de pena, a pesar de que —según sostiene— cumple con los requisitos establecidos: buena conducta y haber cumplido más de la mitad de su condena.
De obtener la reducción máxima —dos meses por cada año de presidio cumplido— Angulo podría rebajar hasta 26 meses de su condena, lo que superaría el tiempo que le queda en prisión.
No obstante, la Corte de Santiago rechazó el recurso, afirmando que la exclusión no era arbitraria ni retroactiva, ya que se basaba en normas vigentes al momento del crimen.
El máximo tribunal, sin embargo, no compartió ese criterio y ordenó a Gendarmería revisar el caso bajo la Ley 19.856, aplicable antes de la reforma de 2022.
Tras el fallo de la Corte Suprema, Gendarmería deberá evaluar nuevamente si Angulo califica para postular a la Comisión de Reducción de Condena.
De ser así, su caso pasará a una instancia conformada por jueces, profesionales del área psicosocial y un abogado del Ejecutivo.
En última instancia, será el Presidente de la República quien firme o rechace la eventual reducción de pena mediante un decreto supremo.
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