Este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados sorteó los nombres de los parlamentarios que revisarán la acusación constitucional contra la ex ministra de Justicia, Marcela Ríos.
Los cinco diputados que tramitarán el libelo ingresado por Chile Vamos son Luis Malla (PL), Carolina Tello (PC), Benjamín Moreno (P. Republicano), Henry Leal (UDI) y Álvaro Carter (Ind. ex UDI).
Cabe recordar que el documento ingresado por parlamentarios de Chile Vamos consta de dos capítulos: Uno relacionado a las “desprolijidades” en el otorgamiento de indultos presidenciales; y el otro relacionado con beneficios carcelarios.
¿De qué se acusa a la ex ministra?
En el primer capítulo del libelo acusatorio ingresado por los diputados, Andrés Longton, Sofía Cid, Diego Schalper, Frank Sauerbaum, Marcia Raphael, Francisco Undurraga, Jorge Alessandri, Juan Antonio Coloma, Guillermo Ramírez y Cristián Labbé, se da cuenta de la “responsabilidad constitucional de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos, Sra. Marcela Ríos Tobar, por infracción al artículo 6 de la Ley N°18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares, en relación con el artículo 4 de la misma ley, al otorgar indulto al Sr. Jorge Mateluna Rojas y a otros seis indultados que cumplían condena por hechos delictivos circunscritos al denominado ‘estallido social'”.
Asimismo, se agrega que “cómo es que la liberación de personas imputadas y condenadas por hechos delictivos, especialmente por aquellos ocurridos en el marco del ‘estallido social’ de 2019, se transformó en una suerte de compromiso e interés por parte de S.E. el Presidente de la República, su gabinete ministerial y en general por la coalición oficialista. Este compromiso, permite entender cómo es que se incurre en una actuación ilegal que redunda en la liberación de personas condenadas por la Justicia”.
“Así lo dicho, resulta evidente que el indulto concedido entre los días 29 y 30 de diciembre es expresión de este compromiso ideológico, y a la postre material, con la impunidad de personas que han cometido graves delitos y crímenes”, argumentaron.
En tanto, en el segundo capítulo, se expone de la “falta de control jerárquico de la ex ministra de Justicia y Derechos Humanos en el otorgamiento de beneficios penitenciarios y traslados por parte de Gendarmería de Chile a ciertos presos de la macrozona sur contra lo que establece el ordenamiento jurídico vigente”.
De esta manera, se analizan los casos de José Tralcal, Luis Tralcal, Celestino Córdova, Víctor Llanquileo y otros presos de la cárcel de Angol en La Araucanía.
Finalmente, se concluyó que Ríos “infringió las leyes que expresamente le obligan a ejercer un control jerárquico sobre los servicios públicos de su dependencia; pero además, dejó sin ejecución las leyes al no haber ejercido las funciones y atribuciones que le entrega el ordenamiento jurídico para corregir los actos ilegales de Gendarmería de Chile, y que, en la línea de lo desarrollado en el capítulo acusatorio precedente, dejan en evidencia un accionar de la ex ministra Ríos, funcional a las medidas de impunidad que ha impulsado el Gobierno del presidente Gabriel Boric, desde su instalación el 11 de marzo pasado”.
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