Para analizar este tema conversamos con el abogado querellante en el caso, Rodrigo Bravo, quien representa a 14 víctimas con un monto de 1.735 millones de pesos defraudados.
Respecto a que Rafael Garay no apeló al dictamen de prisión preventiva, dijo que es curioso y poco común que un imputado enfrentado ante la medida cautelar más gravosa le instruya a sus abogados a que no hagan ninguna alegación y se opongan ante el Ministerio Público en ese sentido. “Es el propio Rafael Garay quien decide esto”, agregó.
“Para nosotros como querellantes es una estrategia comunicacional y de victimización para lo que se viene, con el fin de allanar el camino para que junto a una simbólica reparación económica que esperamos pueda tener lugar en algún momento, a él se le permita acceder a una pena menos gravosa por haber colaborado en la investigación, como señalar donde están los dineros y también reparar en algo a las víctimas. Con eso podría asegurarse una pena remitida o sustitutiva de privación de libertad”, explicó el abogado.
Se estableció un plazo judicial de investigación de 120 días propuesto por la defensa y este período podría ser ampliado en caso de existir diligencias pendientes.
Vea la entrevista en el video adjunto.
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