Tras la aplicación de la medida en Aysén, debido al conflicto vivido en la región, las críticas por la implementación de la misma apuntaron hacia el Gobierno. En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, señaló que la acción está dirigida a los violentistas y que no afecta a ninguno de los líderes del movimiento.
La abogada constitucionalista de la Universidad Católica, Ángela Vivanco, señaló que la Ley de Seguridad del Estado, no está pensada para limitar la libertad de expresión, ni tampoco de protestar o manifestarse, sino para evitar situaciones de riesgos, la paralización de los servicios básicos y para resguardar el orden interior del estado.
Agregó que los encargados de evaluar si corresponde aplicar la normativa a las 22 personas anotadas en la lista, serán los tribunales, ya que esto es sólo un requerimiento por la ley. El tema necesitará del ejecutivo, además de pruebas que confirmar lo dicho.
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