La discriminación arbitraria, según la Ley 20.609, la define como toda “distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre DDHH ratificados por Chile”.

La definición además hace referencia a los motivos “de origen racial o étnico, nacionalidad, situación socioeconómica, idioma, ideología y opinión política, religión o creencia, sindicación o participación en organizaciones gremiales, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, edad, filiación, apariencia personal y enfermedad o discapacidad”.

Para evaluar los avances en torno a esta materia en el país, Fundación Ronda realizó un Estudio de Percepción de Diversidad e Inclusión en empresas y organizaciones que han decidido trabajar un plan de Responsabilidad Social Inclusiva con la organización.

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Una de las conclusiones que arrojó el estudio fue un alto porcentaje de discriminación, y que de acuerdo al desglose, señala que un 20% se siente discriminado por el cargo que ocupa al interior de la compañía. A ello le sigue la situación socioeconómico con un 15%, y en tercer lugar, la apariencia física, con un 12%.

Esta sensación de discriminación es general y principalmente se da en personas sin discapacidad.

La encuesta fue aplicada a una muestra de 5.608 personas pertenecientes a distintas empresas de rubros tales como, industrial, servicios financieros, construcción, retail, hotelería y turismo, entre otros. El rango etario de la muestra fluctúa en tramos desde los 18 años, terminando en 60 años y más.

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