No cabe duda de que la semana pasada fue un punto de inflexión en este segundo intento constitucional. El hastío de la ciudadanía y las tensiones en la interna del Consejo terminaron por implosionar, afirmando la opción “En contra” en las encuestas. Aunque la discusión acerca de las enmiendas se encuentra rodeada de mitos y exageraciones, lo cierto es que ha sacado lo peor de todas las bancadas representadas en el Consejo. Así, el que debía ser el espacio en el que sellaremos un nuevo pacto político se ha convertido en un foco más de fragmentación y frustración colectiva.
En este contexto, durante las últimas semanas la discusión pública se ha llenado de voces que advierten sobre el rumbo análogo al de la fallida Convención que, supuestamente, estaría tomando el Consejo Constitucional. Los dardos apuntan -naturalmente- a Republicanos. Con 22 consejeros y la presidencia del órgano, es difícil no atribuirles un grado importante de responsabilidad en la desafección imperante con el proceso. El partido de Kast ha carecido de la conducción, la visión política y el pragmatismo necesarios para dar vuelta un partido que indudablemente comenzó en terreno adverso debido al hastío constitucional que nos dejó la Convención.
Es verdad que las diferencias con la Convención son múltiples, pero también es cierto que los Republicanos han caído en la tentación de constitucionalizar aspectos discutibles y propios de los programas de gobierno, como la exención de pagar contribuciones. Además, se han valido de redacciones redundantes, disposiciones innecesarias o de la mera indiferencia respecto de los acuerdos en materias que son sensibles para la izquierda (por ejemplo, la eliminación de la disposición transitoria sobre paridad, equilibrada a todas luces). La estrategia parece ser tensionar lo más posible con la izquierda, aunque, si solo apuestan a la sensibilidad anti-oficialismo para ganar, todo indica que será insuficiente y si se impone el “En contra” ellos serán los primeros derrotados.
El Partido Republicano debe entender que necesitamos una Constitución de consensos, y eso necesariamente exige renuncias. Sin embargo, no está solo en sus manos enmendar el rumbo. Eso todavía es posible, recordemos que quedan varias etapas por delante (observaciones de los expertos, comisión mixta, etc.). Hasta ahora, la actitud de la izquierda tampoco ha sido particularmente ejemplar. Al parecer, muchos no han sacado nada en limpio del estrepitoso fracaso en el plebiscito anterior. En las poco comentadas negociaciones internas no han querido ceder en nada, acusan que cada disposición con la que discrepan es un retroceso civilizatorio, y ahora último algunos proponen saltarse las reglas y aprobar simplemente el proyecto de los expertos en el Congreso, sin siquiera esperar el resultado del plebiscito.
Esto último no sorprende de los que también intentaron burlar las bases del proceso anterior (el quórum de 2/3), pero resulta paradójico que quienes abogaron por un órgano electo para este proceso ahora se ensañan contra el Consejo. En rigor, le niegan toda legitimidad a la mayoría republicana, con lo que ponen en tela de juicio todo su amor por la democracia. Por otro lado, en sus críticas a la derecha por “pasar máquina”, hay algo de injusticia y de mitos. El texto en elaboración no es un inverso proporcional al borrador rechazado. Más bien, mantiene en casi un 80% el Anteproyecto de los expertos. En todo caso, si así fuese, resulta bastante oportuno que ahora les moleste el maximalismo con que fueron indulgentes hace un año. En síntesis, cierta izquierda quiere que fracase el proceso y endosarles toda la responsabilidad a los republicanos. También hay una derecha para la que eso resulta electoralmente atractivo.
Si bien muchas advertencias son justificadas, no debemos olvidar que lo que está en juego es más grande que los intereses partidarios. Estos deben orientarse a enmendar el proceso, en vez de torpedearlo. El bloqueo que padece nuestro sistema político es real, e incide directamente las reformas en aspectos especialmente sensibles como pensiones, seguridad y educación. El borrador actual contempla herramientas concretas para abordar este problema, y esa no es una oportunidad que podamos darnos el lujo de despreciar. La derrota en el plebiscito no sería solo para Republicanos; el aumento de la incertidumbre económica, la profundización de la fractura entre ciudadanía y política, y el desgaste institucional son males de los que nadie escapa. Del fracaso del proceso solo ganan quienes profitan del desorden y la desafección.
Es cierto que nadie quiere subirse a un barco que parece que se hunde, el cálculo acerca del costo político a pagar es fuerte. Pero para lograr salir de este entuerto, los distintos actores del debate público deben darse el trabajo serio de revisar tema por tema, en lugar de las defensas o críticas en bloque. Todos queremos cerrar el capítulo, hagámoslo bien.
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