El gremio Alianza In, que agrupa a las diversas aplicaciones de transporte que operan en el país, se refirió al término anticipado del contrato de una empresa encargada de desarrollar una de las plataformas. Ante este panorama, manifestaron: “Mientras no exista un registro operativo, miles de conductores siguen expuestos a fiscalizaciones e infracciones”.
El gremio Alianza In, que agrupa a las diversas aplicaciones de transporte que operan en el país, emitió un comunicado luego de conocerse que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) puso término anticipado al contrato con la empresa Concordia Ediciones SpA, encargada de desarrollar una de las plataformas de la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), debido a incumplimientos de las exigencias técnicas solicitadas por la cartera.
En ese contexto, la organización afirmó que la paralización del proyecto genera incertidumbre tanto para los conductores como para los usuarios.
“Mientras no exista un registro operativo, miles de conductores siguen expuestos a fiscalizaciones e infracciones, pese a la falta de condiciones normativas claras. Esta situación no solo es injusta, sino que afecta directamente a trabajadores y familias que dependen de esta actividad”, subrayaron en el comunicado.
Además, manifestaron que ya no existen las condiciones mínimas para que la actual administración logre implementar la plataforma, por lo que recomendaron que la tarea quede a cargo del próximo gobierno.
Desde el MTT informaron que ya están trabajando en los términos de una nueva contratación.
“Nuestro objetivo siempre ha sido imponer condiciones de seguridad y calidad a las empresas en benefiagcio de los usuarios, y tomar esta decisión también va en línea con ello”, sostuvo el ministro Juan Carlos Muñoz.
Los diputados de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Natalia Romero y Cristóbal Martínez, anunciaron el envío de un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Los parlamentarios indicaron que, en primer lugar, remitirán los antecedentes a la CGR para solicitar la apertura de una investigación sobre el trato directo realizado por la Subsecretaría de Transportes y los montos involucrados, a fin de determinar eventuales responsabilidades administrativas y verificar si el Gobierno ordenó acciones para recuperar parte de los millonarios recursos.
En segundo lugar, oficiarán al CDE para que evalúe la presentación de una querella por los presuntos delitos que podrían haberse cometido.
“En medio de todas las dudas que existen respecto del manejo de los recursos públicos por parte de la actual administración, hoy además nos enteramos de que más de $513 millones se habrían botado a la basura. Estamos frente a un despilfarro millonario de recursos públicos, del cual el Ejecutivo no puede desentenderse, porque fueron ellos quienes contrataron vía trato directo a esta empresa y tenían la obligación de planificar y supervisar el desarrollo de esta plataforma, lo que aparentemente no hicieron”, comentaron ambos parlamentarios.
Asimismo, adelantaron que solicitarán a la Comisión de Obras Públicas y Transportes de la Cámara de Diputados que cite con carácter de “urgente” al ministro Juan Carlos Muñoz y al subsecretario Jorge Daza, para que entreguen mayores antecedentes sobre el caso.
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