Crecer al 4%, subsidio al empleo de las Pymes y destrabar permisos: Los detalles del Plan de Reconstrucción Nacional

Por Miguel Buksdorf

22.04.2026 / 18:17

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El presidente Kast firmó el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional, que busca aumentar la recaudación fiscal y elevar el crecimiento del país mediante la rebaja de impuestos de primera categoría, la reintegración del sistema tributario, la eliminación del IVA a la vivienda y más.


Este miércoles, el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, que tiene como objetivo aumentar el crecimiento del país y la reconstrucción de viviendas tras los incendios ocurridos en 2024 en Valparaíso y 2026 en Ñuble y Biobío.

El proyecto contempla más de 40 medidas, entre las que destacan la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, la reintegración del sistema tributario, la invariabilidad tributaria y un crédito tributario al empleo formal en apoyo a las pymes.

A eso, se le suma la reducción del plazo de invalidación, la eliminación del IVA a la vivienda por 12 meses, una ventana de un año en la que se rebajará en un 50% el Impuesto a la Herencia y Donaciones, el fin de la franquicia tributaria Sence, el congelamiento de la gratuidad y más.

Impacto macroeconómico

Una de las medidas que más debate ha generado ha sido la rebaja del Impuesto de Primera Categoría, el cual tendrá un descenso gradual de un 27% este año, a 25,5% en 2027, 24% en 2028 y establecerse en 23% el 2029, con lo que Chile quedará en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

A la rebaja del impuesto corporativo se suma la invariabilidad tributaria por una década, para atraer megainversiones internacionales, especialmente relacionadas con el rubro de la minería. Esto les garantizará a las empresas que los impuestos no se modificarán por 10 años.

Sin embargo, para los proyectos sobre 50 millones de dólares, la invariabilidad tributaria será por 25 años, partiendo en enero del 2027. Asimismo, se le garantiza a los inversionistas extranjeros una carga tributaria de 35% y, en el caso de titulares locales, mantienen invariables las condiciones de normas vigentes a la fecha del contrato.

Además, se plantea la reintegración del sistema tributario, con el que se elimina la doble tributación para el gran empresariado.

Por otra parte, el diagnóstico de Hacienda advierte que la actual burocracia estatal le cuesta a Chile un 7,3% de su PIB, por lo que el Ejecutivo busca un impacto inmediato de la inversión privada, combinando tres medidas clave: la rebaja del impuesto corporativo al 23%, la firma de invariabilidad tributaria por 10 años y un plazo máximo de seis meses para destrabar permisos paralizados.

Esto, sumado a la reactivación que generará el fin del IVA a las viviendas y el crédito tributario al empleo en las pymes, el Gobierno proyecta que el crecimiento tendencial del país saltará del estancado 2% para rozar el 4% hacia finales de la década.

Sector privado, pymes y ciudadanía

Las pymes buscaban que este proyecto garantizara una tasa permanente de 12,5% para las pequeñas y medianas empresas. Finalmente, el proyecto mantendrá el régimen transitorio de la tasa, que actualmente está en 12,5%, pero que subiría a 23% en 2029, igualándose a la de las grandes empresas.

Como apoyo a las pymes, se creará un crédito tributario diseñado para apoyar la formalidad del empleo, el Estado subsidiará y aliviará la carga tributaria de aquellas pymes que contraten a sus trabajadores de manera formal.

En concreto, el crédito tributario busca subsidiar hasta el 15% de remuneraciones que vayan aproximadamente desde 545 mil pesos hasta 838 mil pesos. A este podrá postular cualquier empresa.

En cuanto al apoyo a la ciudadanía, se busca una exención total del 100% del pago de contribuciones para las personas mayores de 65 años. Para evitar abusos de este beneficio, el proyecto señala que quien mienta o use a un adulto mayor como testaferro para no pagar, arriesga una multa del 300% de lo evadido y 10 años de prohibición para acceder al beneficio.

Presupuesto y financiamiento

Pensando en la reconstrucción de viviendas tras los incendios de Valparaíso, Ñuble y Biobío, el plan contempla un financiamiento de más de 4 mil viviendas para familias afectadas. Para ello, se van a inyectar US$ 450 millones al Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET).

Gracias a este monto, la cobertura del FET alcanzará los US$ 1.350 millones y se distribuirá estratégicamente a lo largo de tres años: $80.000 millones en 2026, $200.000 millones en 2027 y $120.000 millones en 2028.

Para aumentar el flujo de recaudación, se abrirá una ventana de 12 meses donde se cobrará solo el 50% del impuesto a quienes adelanten herencias o realicen donaciones en vida. Además, se darán 12 meses para declarar rentas en el exterior con una tasa de 10%, y un impuesto rebajado de 7% a quienes repatrien esos capitales dentro de los primeros tres años.

Asimismo, como medida de ahorro fiscal para el futuro, se suspenderá por dos años el ingreso de nuevas instituciones al sistema de gratuidad y se endurecerán los requisitos para los deciles de mayores ingresos (7 al 10).

Por otra parte, se pondrá fin a la franquicia tributaria del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), la que permitía a las empresas descontar impuestos por realizar cursos de capacitación.

En cuanto al mal uso de licencias médicas, se resolverá con la destitución o término de contrato de los funcionarios del sector público.

Infraestructura, vivienda y plazos

Entre las medidas relacionadas con la infraestructura, se aplicará una exención al IVA de las casas y departamentos por un año, que comenzará a regir en agosto de este año, lo que rebajaría el precio de los inmuebles destinados a la habitación para vaciar el stock acumulado de propiedades sin vender.

Además, se modificarán los plazos de permisos, también conocidos como permisología. Con el proyecto se fija un plazo de máximo seis meses para que las autoridades o tribunales puedan invalidar permisos sectoriales. Pasado ese tiempo, el proyecto queda firme, dando luz verde a los inversionistas.

Asimismo, se propone que el Estado reembolse los gastos en casos de proyectos que cuenten con una resolución de calificación ambiental aprobada, pero sean judicializados, resultando en la anulación de esta.

En esa línea, se cambiará la manera en que se paralizan las obras de construcción en caso de hallazgos arqueológicos, la reforma fija un plazo de 20 días corridos para que el Consejo de Monumentos establezca si se requiere una autorización formal para continuar con la iniciativa. Si no se pronuncian, pueden continuarse con las faenas.