Las manifestaciones en Los Ángeles y San Francisco suman tres días de violencia, con vehículos incendiados, decenas de detenidos y críticas por el uso militar sin autorización estatal.
La tensión crece en Estados Unidos tras el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump en respuesta a las protestas por redadas contra inmigrantes indocumentados en ciudades como Los Ángeles y San Francisco.
Durante el domingo, manifestantes incendiaron vehículos, atacaron inmuebles y protagonizaron enfrentamientos con la policía. En San Francisco, la policía detuvo a unas 60 personas, mientras que en Los Ángeles se reportaron nuevos focos de violencia, incluyendo vehículos autónomos incendiados y bloqueos en autopistas.
El despliegue militar ha generado críticas transversales, especialmente porque Trump firmó una orden para enviar 2.000 efectivos de la Guardia Nacional a Los Ángeles sin que el gobernador del estado lo solicitara, algo que no ocurría desde 1965. El gobernador Gavin Newsom calificó la medida como una “ruptura de la soberanía estatal” y exigió retirar la orden: “Devuelvan el control a California”, escribió en X.
El mandatario defendió su decisión asegurando que “no vamos a permitir que esto le ocurra a nuestro país” y prometió “una muy severa legalidad y orden”. Trump también autorizó a otras fuerzas militares, incluyendo 500 infantes de marina, a movilizarse en caso de ser necesario para apoyar las operaciones federales.
Las protestas comenzaron el viernes, luego de redadas masivas en barrios con alta población latina. Según autoridades federales, los operativos apuntan a inmigrantes indocumentados y presuntos pandilleros. Sin embargo, líderes locales y organizaciones civiles denuncian una represión desproporcionada que amenaza los derechos de las comunidades migrantes.
Oficiales de la policía de Los Ángeles han instalado perímetros de seguridad en torno a edificios federales y, en varios puntos, unidades de la Guardia Nacional han sido desplegadas con uniformes camuflados y armamento.
Desde la oposición, figuras como la ex vicepresidenta Kamala Harris criticaron la decisión, describiéndola como una “peligrosa escalada para provocar el caos”.
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