La exmandataria, sentenciada a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua por corrupción, debe presentarse ante la Justicia en los próximos días. El tribunal definirá si cumple la condena en una cárcel común o bajo arresto domiciliario, opción a la que puede acceder por su edad.
Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el foco ahora está puesto en cómo se hará efectiva esa sentencia.
La exmandataria, sentenciada a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la denominada “causa Vialidad”, tiene cinco días hábiles para presentarse ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, que deberá resolver el modo en que se cumplirá su pena.
Con 72 años, Fernández puede acogerse a la opción del arresto domiciliario, una posibilidad contemplada por la legislación argentina desde 2008 para personas mayores de 70 años.
Para ello, su defensa deberá presentar la solicitud formal, la cual será evaluada por los jueces que originalmente la declararon culpable en 2022.
La prisión efectiva en una cárcel común aparece como una alternativa improbable, tanto por la edad de la exmandataria como por razones de seguridad y contexto político. Por lo tanto, todo indica que el arresto en su domicilio podría ser el escenario más viable, aunque resta por ver si el tribunal acepta ese beneficio o impone condiciones adicionales.
Otra consecuencia inmediata de la confirmación del fallo es que Fernández queda definitivamente fuera del escenario electoral.
Su candidatura para las elecciones del 7 de septiembre, en las que planeaba postularse como diputada provincial, ya no tiene viabilidad. La inhabilitación de por vida quedó consolidada con el fallo de la Corte Suprema, que agotó todas las instancias judiciales internas.
A partir de ahora, la exmandataria solo podría recurrir a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un intento por impugnar el proceso judicial por considerar que fue motivado políticamente. En el pasado, Fernández denunció haber sido víctima de una “guerra judicial” impulsada por sectores del poder político y económico.
Mientras tanto, el fallo ha generado tensión social y política. Tras conocerse la decisión, se produjeron disturbios en Buenos Aires, incluyendo ataques a las instalaciones de los canales Todo Noticias y El Trece, donde encapuchados provocaron destrozos. Además, se registraron concentraciones de adherentes kirchneristas frente al Partido Justicialista y en las inmediaciones del Palacio de Tribunales.
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