(EFE).- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, presentó este viernes un proyecto de ley que busca prohibir la colaboración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) con los policías del estado.
Hochul propuso la iniciativa ‘Policías Locales, Delitos Locales‘ para impedir que los agentes federales de inmigración utilicen a los efectivos estatales en la aplicación de la política migratoria del presidente, Donald Trump.
Esta ley, de ser aprobada, también prohibirá a ICE utilizar centros de detención locales para realizar operativos masivos. Según la gobernadora, estas políticas permitirán a sus fuerzas centrarse en “mantener la seguridad de los neoyorquinos, en lugar de hacer el trabajo de ICE”.
“Durante el último año, los agentes federales de inmigración han llevado a cabo actos de violencia indescriptibles contra los estadounidenses con el pretexto de la seguridad pública. Estos abusos, y el uso de los agentes de policía locales como arma para hacer cumplir las leyes de inmigración civil, no se tolerarán en Nueva York“, afirmó la gobernadora demócrata.
Además, esta normativa busca recuperar la prohibición, revertida por el Gobierno federal, de aplicar la política de inmigración civil en lugares sensibles como escuelas, hospitales y espacios de culto. La propuesta de la gobernadora añade que tampoco puedan entrar en casas sin una orden judicial.
La legislación también brindará a los neoyorquinos “una vía clara” para demandar a los funcionarios federales cuando se violen sus derechos.
La ONG Legal Aid Society, la organización más antigua y más grande de EE.UU., celebró la propuesta por ser “un paso positivo para proteger a los inmigrantes neoyorquinos de la injusta extralimitación federal”.
“Estas medidas refuerzan las protecciones constitucionales existentes que exigen una orden judicial para que ICE pueda entrar en estos espacios”, apuntó la organización.
El despliegue ordenado por Trump de los agentes federales en estados, mayoritariamente demócratas, es uno de los mayores objetos de conflicto entre el Gobierno federal y las autoridades locales y estatales.
Especialmente desde que dos personas perdieron la vida en Mineápolis, en el estado de Minnesota, este mes de enero tras recibir disparos por parte de agentes de ICE cuando protestaban contra el operativo.
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