Este es el ataque más grande que se haya realizado contra la minería clandestina en ese país.
El ataque persigue desbaratar un negocio en el cual se encuentran involucrados agentes de la policía y políticos, y que funciona como fuente de financiamiento para la guerrilla de las FARC.
Como resultado de la operación que se realizó en el sur del país, se destruyeron 20 retroexcavadoras y 11 personas fueron detenidas por su participación en las labores extractivas de oro.
Durante los últimos meses, el gobierno colombiano ha realizado una ofensiva en contra de la minería ilegal debido al daño ambiental que causa y principalmente como una forma de frenar a los grupos armados.
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