(EFE) – La Fiscalía citó al presidente de Perú, Pedro Castillo, a declarar los días 4 y 9 de agosto por presuntas irregularidades en los ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía y por supuesta obstrucción a la Justicia, informó este sábado el abogado del mandatario, Benji Espinoza.
“Hay dos fechas. Se ha previsto una primera declaración para el 4 de agosto y una segunda, en el caso de encubrimiento, para el 9 de agosto, ambas son por la mañana”, detalló en declaraciones a la prensa el representante legal de Castillo.
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Espinoza puntualizó que “lo que no se ha definido aún es si el presidente irá a la Fiscalía de la Nación o si la fiscal de la Nación vendrá a Palacio a tomar su declaración”.
Estas indagaciones forman parte de dos investigaciones preliminares que el Ministerio Público abrió recientemente contra el mandatario por la presunta comisión de los delitos de colusión y encubrimiento personal al supuestamente interferir en los ascensos militares y policiales y obstruir la captura de exfuncionarios de su Gobierno prófugos de la Justicia.
Castillo, quien el pasado jueves cumplió un año como presidente de Perú, acumula cinco investigaciones preliminares de la Fiscalía, cuatro de ellas vinculadas a su gestión, pese a que la Constitución peruana solo recoge la posibilidad de procesar al mandatario mientras ejerce el cargo por casos de traición a la patria o por impedir elecciones.
En su declaración a los medios, Espinoza señaló que la posición de la defensa del presidente, quien niega todas las acusaciones, “sigue siendo la misma” luego de que su ex secretario Bruno Pacheco se entregara esta semana a la Justicia, tras más de tres meses prófugo.
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La posición de la defensa es una sola: al presidente de la República no se le puede investigar mientras dure su mandato salvo el caso de la traición a la patria, que no son casos que está llevando el Ministerio Público”, sentenció Espinoza.
Sobre “la entrega voluntaria” de Pacheco, el abogado aseguró que este hecho “reafirma, acredita y prueba que no ha tenido protección presidencial”.
El ex funcionario de confianza de Castillo desapareció luego de que el Poder Judicial ordenara 36 meses de prisión preventiva en su contra por presuntas irregularidades en la licitación del Puente Tarata, un obra vial sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
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