La justicia hispana actuó en respuesta a una solicitud realizada por grupos tibetanos radicados en España.
Tras el anuncio de la orden de arresto dictada por la Audiencia Nacional de España en contra del ex mandatario chino Jiang Zemin, el gobierno del país asiático advirtió que las relaciones diplomáticas con España podrían verse afectadas.
La decisión la adoptó el juez Ismael Moreno por los presuntos actos de genocidio, tortura y otros delitos de lesa humanidad cometidos en el Tíbet por el mandatario, orden de captura que también alcanza a orden de captura alcanza al ex-primer ministro, al ex-jefe de seguridad, al secretario del Partido Comunista de China y a la ex-ministra de planificación familiar.
Tras esta medida, el portavoz del gobierno chino pidió a las autoridades españolas mantener las buenas relaciones gubernamentales mientras la acción continúa su curso.
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