Es un fallo muy relevante para la democracia. Es mucho lo que estuvo en juego en el caso Topógrafo.
La Justicia condenó al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Poblete, y al exdirector de Inteligencia del Ejército, Schafik Nazal, por haber espiado ilegalmente a quienes investigaban o denunciaban a militares por hechos de corrupción, como el capitán (R) del Ejército, Rafael Harvey, y el periodista Mauricio Weibel.
En su momento, las autoridades y los investigados alegaron que se justificaba el espionaje y haber usado identidades falsas —aprobado por Poblete— porque se estaba filtrando información que afectaría la seguridad nacional. Y que todo se ajustaba a derecho.
Nada de eso era así, y no solo por cosas obvias, como que entre los espiados se incluyó a una pareja que se presumía de amantes, sino porque, por ejemplo, los documentos que Weibel publicó, habiendo sido reservados, fueron traspasados a un expediente judicial y no a un cuaderno reservado.
En su libro se ve que tienen los números del folio judicial. Es más, el espionaje empieza después de que la propia justicia militar cerró el caso por filtraciones.
Durante casi tres años, pervirtiendo la necesaria Ley de Inteligencia, exmilitares y varios periodistas vieron violado su derecho a tener comunicaciones privadas y se trató de entorpecer o estar sobre aviso de la labor periodística vital para denunciar, sin ser amedrentados, casos de corrupción y, por tanto, para la información de la ciudadanía, parte de los pilares de toda democracia.
Las autoridades de la época, en el mejor de los casos, pecaron de ingenuidad. Es evidente que se requieren mayores controles para una ley que sea protectora de la seguridad nacional y no herramienta en manos de quienes se corrompan.
La Justicia habló y en este caso ha restablecido valores fundamentales como la protección de la intimidad y el derecho a la información.
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