Desde el año 2000, siete presidentes de Perú han sido juzgados por corrupción o violaciones a los derechos humanos. Dina Boluarte podría convertirse en la octava figura en crisis, con una desaprobación del 93% y múltiples investigaciones abiertas.
(CNN) — Las denuncias sobre una cirugía plástica en secreto están poniendo en jaque el mandato de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y no son más que uno de los muchos problemas que enfrenta.
La mandataria latinoamericana, cuya popularidad se encuentra entre las más bajas del mundo —con una desaprobación del 93%, según una reciente encuesta de Datum Internacional— está siendo investigada en varios frentes por la Fiscalía peruana.
La más grave de estas investigaciones está relacionada con la muerte de más de 60 personas durante la represión de las protestas que estallaron tras la destitución de su antecesor, Pedro Castillo, en diciembre de 2022.
Otras, más llamativas, incluyen acusaciones de haber recibido relojes Rolex y otras joyas como sobornos, así como de haber transportado a un político prófugo en un vehículo presidencial.
Sin embargo, es la cirugía estética en su nariz, realizada en el verano de 2023, la que actualmente acapara los titulares en el país.
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Boluarte, quien niega todas las acusaciones en su contra, ha sido señalada por supuestamente haber abandonado su cargo para someterse a la intervención, ya que no informó al Congreso ni delegó sus funciones durante su ausencia de casi dos semanas, algo que la Constitución exige en estos casos.
Ella ha sostenido que se trató de una operación “esencial” para su salud.
La semana pasada, el cirujano plástico Mario Cabani puso en duda esa versión, al declarar en un programa de televisión local que de los cinco procedimientos que le realizó a Boluarte —incluyendo una rinoplastia, una septoplastia, una intervención en los párpados inferiores y un injerto de grasa en los pliegues nasolabiales (líneas de la sonrisa)— todos salvo uno fueron de carácter estético.
Cabani, quien aseguró tener autorización judicial para revelar los detalles de la cirugía, también afirmó que Boluarte fue sedada y estuvo inconsciente por momentos durante el procedimiento, lo que contradice la versión de la presidenta, quien ha comparado la operación con una extracción dental, y la de sus abogados, quienes sostienen que nunca perdió la conciencia ni dejó el cargo.
Boluarte no se ha referido a las declaraciones de Cabani, aunque su portavoz declaró al diario El País que se trata de “un asunto privado”. CNN ha solicitado comentarios a su abogado.
Como si la controversia por la nariz de Boluarte no fuera ya suficientemente perjudicial, ahora se suma otra polémica… esta vez por su muñeca.
En marzo de 2024, la policía allanó su casa (y posteriormente el Palacio de Gobierno) en el marco del escándalo conocido como “Rolexgate”, en el que se le acusa de enriquecimiento ilícito y de no declarar la posesión de varios relojes de lujo. Boluarte ha sostenido que los relojes eran, en realidad, un “préstamo” que aceptó por error.
Una situación que podría parecer sorprendente para quienes no están familiarizados con la política peruana y los ya conocidos problemas de sus presidentes en las últimas décadas.
Pero en este país, los escándalos presidenciales —comprobados o presuntos— son tan comunes que una de sus cárceles ha albergado a cuatro expresidentes caídos en desgracia.
Se le conoce como la “maldición de la presidencia peruana”: desde el cambio de milenio, al menos siete mandatarios han sido procesados o enfrentado causas judiciales por acusaciones de corrupción o violaciones a los derechos humanos. Un octavo se quitó la vida cuando la policía estaba a punto de arrestarlo.
La notoria inestabilidad política del Perú —Boluarte se convirtió en la sexta presidenta en solo siete años al asumir el cargo sin elecciones en 2022— suele rastrearse hasta el mandato de Alberto Fujimori, destituido en el año 2000 tras un escándalo relacionado con su jefe de inteligencia y condenado por corrupción, malversación de fondos y violaciones a los derechos humanos, incluyendo la autorización de un escuadrón de la muerte.
Desde entonces, las carreras políticas de la mayoría de sus sucesores también han terminado en escándalo.
Alejandro Toledo (2001–2006), el primer presidente elegido tras Fujimori, fue condenado el año pasado a más de 20 años de cárcel por haber recibido millones en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, un escándalo que ha salpicado a las élites políticas en toda América Latina.
Alan García (2006–2011) murió en 2019 por un disparo que él mismo se propinó, el mismo día en que fiscales y policías iban a arrestarlo en una investigación también vinculada a Odebrecht.
Ollanta Humala (2011–2016) fue condenado este mes, en primera instancia, a 15 años de prisión por recibir aportes ilegales para su campaña por parte de Odebrecht y del gobierno venezolano.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, tras su ceremonia de investidura en Lima, el 28 de julio de 2021. | Janine Costa/AFP/Getty Images vía CNN Newsource
Pedro Pablo Kuczynski (2016–2018) renunció tras dos años en el poder, luego de verse también involucrado en el escándalo de Odebrecht, cuando surgieron acusaciones de lavado de dinero. Actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario mientras continúa el juicio en su contra.
Martín Vizcarra (2018–2020) disolvió el Congreso un año después de asumir la presidencia. Tampoco terminó su mandato: fue destituido por el Legislativo por “incapacidad moral”, tras ser acusado de recibir sobornos durante su gestión como gobernador. Hoy está siendo juzgado.
Pedro Castillo (2021–2022), un maestro rural y dirigente sindical, era relativamente desconocido cuando ganó las elecciones, luego de un breve período con dos presidentes interinos, uno de los cuales renunció en menos de una semana. Fue detenido por el presunto delito de rebelión y destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y establecer un gobierno de emergencia.
Boluarte, su vicepresidenta, asumió el poder en 2022.
Todos los acusados y condenados han rechazado las acusaciones en su contra.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, el 7 de junio de 1994, en Tokio, Japón. | The Asahi Shimbun/Getty Images vía CNN Newsource
Muchos expertos señalan la investidura de Alberto Fujimori en 1990 como el momento en que Perú inició un retorno al autoritarismo, luego de haber pasado toda la década de 1970 bajo una dictadura militar.
Hijo de inmigrantes japoneses y exconductor de un programa de televisión sobre medio ambiente, Fujimori comenzó su mandato democráticamente, ganando las elecciones con una campaña de cambio en medio de una crisis económica y derrotando a una coalición de derecha liderada por el futuro premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.
Al inicio, recibió elogios por sus políticas de austeridad conocidas como el “Fujishock”, que lograron contener la hiperinflación, así como por su ofensiva contra los grupos guerrilleros responsables de decenas de miles de muertes.
Sin embargo, pronto afloró un rasgo autoritario y, mientras se acumulaban las acusaciones de abuso de poder y corrupción, Fujimori recurrió a las fuerzas de seguridad para reprimir a sus opositores.
Apenas dos años después de su triunfo electoral, ejecutó un “autogolpe”: disolvió el Congreso y el Poder Judicial, reformó la Constitución e instauró una dictadura “que demolió a los partidos políticos”, según el abogado constitucionalista Luciano López.
“Para Fujimori, pertenecer a un partido político era un anti-valor, hacer política era un anti-valor”, afirmó Aníbal Quiroga, decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad César Vallejo.
Desde entonces, según Quiroga, los partidos han sido “permanentemente reemplazados por movimientos personalistas, populistas e improvisados”.
De cara a las próximas elecciones presidenciales, previstas para abril de 2026, ya hay 43 candidatos inscritos, muchos de ellos sin respaldo de estructuras partidarias tradicionales. Como resume Quiroga: “Lo que más produce Perú después del café son candidatos presidenciales”.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, muestra su reloj durante una conferencia de prensa, tras declarar ante la Fiscalía en el marco de la investigación por sus relojes Rolex, en Lima, el 5 de abril de 2024. | Stringer/AFP/Getty Images vía CNN Newsource
López señala otro legado de Fujimori que ha contribuido a la actual inestabilidad: la Constitución reformada que impuso tras su autogolpe, la cual otorgó mayores poderes al Congreso.
El problema que estas modificaciones generaron para la presidencia no se hizo evidente hasta 2017, cuando por primera vez la oposición obtuvo mayoría en el Congreso y utilizó esas atribuciones para destituir a Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces, se ha vuelto cada vez más difícil para los presidentes mantenerse en el poder.
A esto se suma —según López— que el Congreso actual ha enmendado varios artículos de la Constitución, lo que ha profundizado el desequilibrio institucional y ha dejado a un Parlamento “todopoderoso”.
López teme que esto esté acumulando tensiones para una futura crisis. “Si un presidente gana una elección, pero no cuenta con el respaldo del Congreso para gobernar, ¿qué hará?”, se pregunta. “Sinceramente espero estar equivocado, pero estamos muy expuestos a un nuevo 5 de abril de 1992”, dice, en alusión al día del autogolpe de Fujimori.
La cárcel de Barbadillo, en las afueras de Lima, conocida popularmente como la “cárcel de los presidentes”. | Cris Bourancle/AFP/Getty Images/Archivo vía CNN Newsource
Quizás no haya símbolo más claro de esta “maldición” que el penal de Barbadillo, en Lima, conocido popularmente en Perú como la “cárcel de los presidentes”. Este recinto no solo albergó a Alberto Fujimori, sino que también ha sido lugar de reclusión para tres de sus sucesores: Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Ollanta Humala.
Sin embargo, algunos expertos advierten que no se deben analizar los problemas de corrupción del país —Perú ocupa el puesto 127 de 180 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional— únicamente desde la óptica de los expresidentes caídos en desgracia.
Como señala Aníbal Quiroga, si bien han existido casos comprobados de corrupción presidencial, también ha habido episodios de lawfare, es decir, el “uso y abuso de procesos judiciales, o del sistema legal en general, con fines políticos, muchas veces con el objetivo de eliminar, dañar o deslegitimar a un adversario”.
Por su parte, el exfiscal y expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, destaca que si bien la lista de presidentes enjuiciados puede reflejar que Perú forma parte de un “club de países vergonzosamente plagados por la corrupción”, también demuestra que es un país “capaz de llevar a la justicia a siete expresidentes”.
Con la colaboración de Jimena de la Quintana, Angélica Franganillo Díaz y Hira Humayun, de CNN.
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