En medio del debate en torno a la crisis migratoria y las recientes denuncias sobre las precarias condiciones en el albergue de Iquique, el Servicio Jesuita a Migrantes ha impulsado la iniciativa popular de norma para la Convención Constitucional, titulada “El asilo contra la opresión“, que busca regularizar la situación migratoria en Chile.
Para profundizar en la iniciativa, así como en la situación general actual de la migración en Chile, CNN Chile conversó con Valentina Latorre, directora social del Servicio Jesuita a Migrantes. “Busca entregar protección en la Constitución a aquellas personas que puedan solicitar y recibir asilo“, indicó Latorre, añadiendo que “no es aplicable a cualquier persona, sino que busca entregar protección internacional solamente a quienes corran un riesgo al ser devueltos a su país de origen“.
“Hablamos de personas que cuya vida o libertad corre peligro en caso de volver al país de origen”, especificó, manifestando que “este es un derecho que en múltiples países está concedido en la Constitución y creemos es fundamental se reconozca en nuestra carta magna”.
Con respecto al contexto nacional en el último año, la representante del Servicio Jesuita a Migrantes destacó que “A junio de 2021, de las 1.359 que habían solicitado asilo, solo 7 habían sido aprobadas“, sosteniendo que “esto nos habla de un proceso que no se está llevando de la debida forma“.
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En cuanto a la situación que se vive en el refugio para migrantes en Iquique, que ha recibido críticas por problemáticos como que se encuentra a varios kilómetros del centro, por lo que no es práctico para quienes buscan o deben trabajar, Latorre confirmó que el servicio jesuita lo visitó y constató otras preocupaciones: “No se estaban haciendo PCR, había gente con visibles síntomas de COVID-19“, pero que actualmente enmendaron ese error y sí están testeando. Sin embargo, uno de los mayores problemas es que “solo se estaba entregando una comida diaria“.
“Para hacernos cargo tenemos que enfrentar el problema de fondo: Una migración ordenada, segura y regular implica seriedad en las acciones que tomamos“, consignó Latorre, agregando que “esto incluye no olvidarse de las fronteras, trabajar con las policías y autoridades locales, el multilateralismo tan necesario y hoy también en el contexto sanitario, dar protección frente al COVID-19“.
“Pero también implica un proceso de empadronamiento y un nuevo proceso de regularización que permita a las personas poder acceder a derechos, sino veremos que los hechos lamentables que se están dando en el norte se seguirá repitiendo sin solución para quienes llegan ni para las personas receptoras”, sostuvo, señalando que “una persona en situación irregular, sin Rut, no puede acceder a empleo ni arriendo” y que, en ese caso, “les queda asistir a estos albergues que no dan solución en términos estructurales“.
Finalmente, Latorre enfatizó en que, para mejorar la situación, pensando en la administración del nuevo gobierno, “desde el Estado deben escuchar a los organismos y autoridades locales, que tienen la expertise inmediata de lo que se está viviendo”.
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