La titular de Desarrollo Social aseguró en entrevista con CNN Chile Radio que el gobierno busca evitar la expulsión forzada de la toma en San Antonio, pero advirtió que, si se concreta, el sistema de protección social tendrá dificultades.
A pocos días de que se cumpla el plazo para el desalojo de la toma de San Antonio, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, reconoció las dificultades que enfrentará el Estado para dar respuesta a la reubicación de las más de 10.000 personas que habitan en el lugar.
En entrevista este jueves, con CNN Chile Radio, la secretaria de Estado aseguró que el gobierno está trabajando para evitar la expulsión forzada, pero advirtió que, si esta ocurriera, los programas de protección social podrían verse “muy tensionados”.
“Hoy día las coberturas que tienen (los programas sociales) no se relacionan con la magnitud que esto significaría”, sostuvo la ministra, agregando que su cartera está coordinando acciones con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio del Interior para encontrar una solución consensuada con todas las partes.
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El desalojo fue ordenado por la justicia, lo que obliga al gobierno a cumplir con la medida. Sin embargo, la situación ha generado preocupación en autoridades y organizaciones, quienes advierten sobre el impacto humanitario que tendría el desalojo en medio de la crisis habitacional que enfrenta el país. Según la Defensoría de la Niñez, al menos un 30% de las familias en la toma tienen niños, niñas y adolescentes, lo que agrava aún más la situación.
En la conversación, Toro explicó que su ministerio está enfocado en el seguimiento de los grupos más vulnerables, como menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad. “Nosotros nos ponemos a disposición de poder colaborar en estos apoyos”, afirmó.
No obstante, al ser consultada por las alternativas concretas para las familias en caso de que el desalojo se lleve a cabo, la ministra enfatizó que la solución habitacional es competencia del Ministerio de Vivienda. “El destino de las familias sin duda es una preocupación central, por eso esperamos que esta situación no se produzca“, dijo.
Vista parcial del Campamento del Cerro Centinela en San Antonio / Agencia UNO
El alcalde de San Antonio, Omar Vera, ha catalogado la situación como “insostenible” y ha advertido que la ciudad no cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a las familias desalojadas. Por su parte, la Defensoría de la Niñez ha manifestado su preocupación por la falta de un plan de reubicación detallado y ha llamado a postergar la medida hasta que existan garantías para los menores afectados.
El Ministerio de Vivienda ha estado realizando catastros para caracterizar a las familias afectadas y buscar posibles soluciones, pero aún no hay una propuesta definitiva. “Este es uno de los mayores desafíos en materia de campamentos y el gobierno ha trabajado con todas las herramientas disponibles para enfrentarlo“, afirmó la ministra Toro.
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