Polémica por norma de “amarre” en el sector público: Exsubsecretario apunta a “transformación completa pendiente hace años”

Por CNN Chile

29.12.2025 / 11:50

En CNN Chile Radio, Nicolás Mena también señaló que una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau no tiene ningún fundamento.


Polémica ha provocado el proyecto de ley presentado por el Gobierno respecto al reajuste del sector público, al incorporar una norma específica que se ha denominado como “amarre” a los funcionarios públicos a contrata.

En CNN Chile Radio, el abogado y exsubsecretario de justicia, Nicolás Mena, habló sobre polémica por “amarres”, señalando que “llama la atención la polémica que ha generado esta norma, por cuanto es una norma que lo que tiende es a proteger a los funcionarios públicos”.

Y agregó que “lo que está haciendo la ANEF en concordancia con su posición de respaldo a los trabajadores, de representación de los trabajadores, es tratar de que haya una suerte de mayor protección a aquellos trabajadores que están principalmente a contrata y honorarios, para efectos de que el momento de solicitárseles su renuncia, su despido, haya que fundamentar dicho acto”.

Dicha situación “es de toda razonabilidad, todos los actos tienen que ser fundamentados dentro del derecho público. Por lo tanto, yo no veo que sea una cuestión que requiera una acusación constitucional y tampoco me parece que sea una ley de amarre. Me parece que en esto hay una suerte de exageración bastante evidente, y que no se condice con lo que es una ley de amarre”.

Consultado sobre por qué debería fundamentarse de una manera excepcional la decisión de despido de ese tipo de funcionarios, Mena respondió que “se está tratando de enmendar una situación que ya es anómala. En Chile las contratas nunca debieron ser más del 20% del total de las plantas, así se estableció en un comienzo”.

Y eso “es una realidad con la cual convivieron los gobiernos de Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2 y todos los gobiernos para atrás, todos han convivido con eso. No es algo con lo cual se vayan a sorprender las actuales autoridades”, recalcó el exsubsecretario.

“Existe un problema porque el Estado nunca se hizo cargo de esta categorización de los trabajadores públicos en que están en desmedro en algunos aspectos respecto a los trabajadores del sector privado, por de pronto, los trabajadores a contrata una vez que se les termina el contrato a finales de año, no tienen indemnización alguna”, agregó.

De esa manera, apuntó que la ANEF señala que es necesario que dicha problemática pueda ser resuelta de alguna manera, y que mientras no haya una resolución de fondo “que es una cuestión que está pendiente de muchos gobiernos, por último, si es que se va a despedir a estos trabajadores, que se abra una fundamentación, nadie le dice que usted no tiene derecho de decir que se vaya, solamente diga por qué quiere que se vaya y que además en ese despido sea con 30 días de anticipación informado a la Contraloría”.

“Decir que eso es un amarre, es una exageración (…) Lo óptimo que hagamos de una vez por todas una transformación completa del funcionario público, el sistema de funcionarios públicos y que hagamos una modernización completa del empleo público, eso es que hacerlo y es importante porque es un tema que está pendiente hace muchos años”, aseveró.

Acusación constitucional a Grau: “No tiene ningún fundamento”

El exsubsecretario también fue consultado sobre si es probable que algunos casos se puedan judicializar, respondió que “puede ocurrir”, pero que “en nada se contrapone al hecho de que es necesario una norma de este tipo, porque los casos que se van a judicializar probablemente van a ser los menos”.

“Yo creo que lo que se le está exigiendo al empleador es muy poco, el que usted fundamente su despido, y ponga usted en el caso de un trabajador privado, que usted le diga que tiene que irse y que no le diga ni siquiera la razón por la cual se tiene que ir, me parece que es un mínimo de dignidad laboral. Es una cuestión de derechos humanos básicos. Es decir, mire, no queremos que usted continúe por tal y tal razón, porque su desempeño no fue acorde, porque necesitamos una persona con otro perfil, etc. Esa es una cuestión mínima, básica”, profundizó.

“Pedir eso y que eso sea un elemento para considerar que usted está amarrando a un funcionario es absolutamente exagerado. De que podrá haber judicialización porque algún trabajador va a decir, mire, estimo que esto no corresponde, bueno, está bien, pero serán casos muy aislados“, afirmó.

Respecto a las advertencias de la UDI por presentar una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau, indicó que “no tiene ningún fundamento el juicio, la acusación constitucional contra el ministro Grau, no veo por dónde”.