Pepe Auth y acusación contra Grau: “Pareciera que el Partido Republicano aún no asume que dejó de ser una minoría opositora radical”

Nunca antes quienes respaldan a un nuevo gobierno habían presentado una acusación constitucional contra un ministro del gobierno precedente. El PDG (Partido de la Gente), en 2022, acusó al excanciller Allamand, pero los partidos oficialistas, incluido el Frente Amplio, la votaron en contra.

Esta es la primera acusación constitucional a un ministro del gobierno previo presentada por un partido oficialista: el partido principal de gobierno, el que lideraba el presidente Kast y tiene la bancada más grande de la Cámara.

Por qué el Partido Republicano toma esa decisión, sin consultar a las demás bancadas oficialistas, sin pensar si le conviene al gobierno en medio de su búsqueda de apoyos a la ley de reconstrucción, y da inicio a lo que puede ser un tercer ciclo de acusaciones constitucionales indiscriminadas, usadas para expresar la crítica política y de gestión, no para su propósito original, que es juzgar y sancionar transgresiones a la Constitución y las leyes.

Pareciera que el Partido Republicano aún no asume que dejó de ser una minoría opositora radical y ahora está llamado a ser el principal factor de unidad del oficialismo, impulsor de la cohesión de sus partidos y de la articulación de mayorías para respaldar las iniciativas de un gobierno que es el propio.

La única explicación plausible para que Republicanos haya empujado esta AC contra Grau es el pánico de que Johannes Kaiser y los nacional libertarios repitan el libreto que Kast y los Republicanos aplicaron con éxito contra Chile Vamos y el presidente Piñera.

No los deja dormir tranquilos la posibilidad de que Kaiser y su bancada les hagan a ellos lo que Kast y los Republicanos le hicieron a Piñera y a Chile Vamos, empujándolos al casillero de derechita cobarde, ahora que tendrán que salir de sus trincheras para comportarse como fuerza de gobierno y colaborar para producir resultados, no solo dar testimonio crítico.

El diputado republicano Agustín Romero transparentó el propósito distorsionado de esta acusación, señalando que lo que estaba en juego es si se considera bueno o malo al gobierno de Boric.

Esperemos que no todos los diputados de derecha concurran a validar el inicio de otro ciclo nefasto de acusaciones constitucionales en esta legislatura. Pero si se aprueba en la Cámara, estoy seguro de que terminará rechazada en el Senado.

Después de haber experimentado dos ciclos de acusaciones constitucionales distorsionadas e iniciándose una tercera, ya es hora de terminar con la incongruencia de que para interpelar a un ministro se requiere la solicitud de 52 diputados y para la más grave de las herramientas de fiscalización que tiene la Cámara basta con la firma de 10 diputados.

Cambiar esto es indispensable si se quiere detener de una vez y para siempre el uso distorsionado de las acusaciones constitucionales, como si fueran simples herramientas de crítica política, reservándolas para su propósito original: juzgar y sancionar transgresiones a la Constitución y las leyes.