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La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades por parte de la Municipalidad de Pudahuel en el uso de suelo. Todo esto durante la administración del ex alcalde de la comuna, Jhonny Carrasco.

En conversación con CNN Chile, el presidente de Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, calificó el hecho como “el hecho de corrupción inmobiliaria más brutal, más escandaloso en la historia del país”.

“Esto parte hace muchos años, con la compra a precio de huevo de terrenos ex CORA (Corporación de Reforma Agraria) por parte de algunos particulares en las partes más al poniente de la comuna de Pudahuel y a través de ciertos artilugios y ciertas fórmulas bastante artificiosas, y lograron que la Municipalidad de Pudahuel le aprobara una serie de permisos violando las disposiciones contenidas en el instrumento normativo vigente en aquella época que se llamaba Plan Intercomunal de Santiago, el cual fue cambiado por otro, que es el que está vigente hoy día que se llama Plan Regulador Metropolitano de Santiago que está vigente desde 1994”, señaló.

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Asimismo, agregó que “lo interesante de todo esto es que esta caja de pandora sale a raíz de denuncias formuladas responsablemente por la concejala Gisela Vila. Es la única concejala que asumió el rol fiscalizador que tiene todo concejal, el resto estaban todos mudos, digo mudos por no decir que estaban de acuerdo con la ilegalidad. El hecho concreto es que gracias a ella la Contraloría hizo un estudio, una auditoría que demoró dos años y que se acaba de conocer. Lo destacable es que esta caja de pandora se conoce gracias a una labor de una particular que actúa como funcionaria pública en la comuna de Pudahuel”.

En esa línea, expresó que “en definitiva, todo va a quedar igual y esto va a hacer una anécdota más de la corrupción que estamos viviendo en este ámbito de materias”.

“En Chile en este ámbito de materias está consagrada la impunidad total, aquí se cometen prácticas indebidas, pero a los titulares de los proyectos no les pasa absolutamente nada. A pesar de que dos artículos de la ley general de Urbanismo y Construcción señalan que, por un lado, el alcalde puede decretar la demolición de las obras ilegales. Y, por otro lado, el otro artículo señala que el Seremi de Vivienda y Urbanismo también puede decretar la demolición de las obras ilegales. Eso dice la ley, pero la ley en Chile no se cumple por una serie de razones de fácil entendimiento”, zanjó.

Revisa el informe de Contraloría aquí:

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