Usted, que es un pequeño empresario, ¿se imagina que le devolvieran lo que pagó de impuesto por la bencina que le echó al auto con el que mueve todo el material y el funcionamiento de su Mipyme?
No va a ser así, porque usted no es transportista. Para ellos el Parlamento aprobó cuatro años más de devolución de entre el 31% y el 80% del impuesto que pagan por el diésel quienes facturan entre $540 y $61 millones anuales.
Antes del 2001 no se les devolvía nada. Ese año se pactó un 25% de devolución y, tras un paro en 2009, se elevó hasta un máximo de 80% de reintegro.
O sea, nuestras autoridades han decidido seguir subvencionando a un sector privado en una economía de mercado, en que se supone prima la competencia. Y lo hacen con el dinero de todos los chilenos.
Como si no hubiera otras empresas pequeñas, como si no estuviéramos con estrechez en las arcas fiscales, como si no existieran otras prioridades. Salud y educación, por ejemplo. Aún así, a costa de todos los chilenos, se beneficia a unos pocos con una medida que costará 183 millones de dólares en cuatro años. El equivalente a cuatro teletones.
Como este beneficio se entrega según ventas, es un incentivo para que se declare menos de lo realmente facturado y así acceder a un mayor porcentaje de devolución. Es también injusto, porque cuando se graba al diésel se pretende castigar impositivamente un combustible más contaminante que otros.
Hay sólo dos opciones: o las actuales autoridades, igual que las pasadas, creen en esto, o lo apoyan porque no se atreven enfrentarse a los camioneros, porque están secuestrados por su poder de presión.
Sabemos de su capacidad de paralizar un país o de afectar la economía. O sea, en Chile el que no llora, no mama y obtiene más quien mayor fuerza tiene, y no quien posee las demandas más justas o las mayores necesidades.
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