Ministro Cordero por proyecto que conmuta penas: “Es defectuoso en seguridad y moralmente inaceptable desde los derechos humanos”

El exministro de Justicia y Derechos Humanos y actual titular de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la aprobación en general en el Senado del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que cumplan ciertas condiciones de salud y edad.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre las declaraciones del actual titular de Justicia, Jaime Gajardo, quien calificó que dicha iniciativa “pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad” y “va en contra de lo que ha hecho nuestro país en las últimas décadas en materia de derechos humanos”.

El impulsor del Plan Nacional de Búsqueda señaló que es importante recordar que hubo un proyecto similar que fue rechazado en 2024 y que buscaba beneficiar principalmente a quienes habrían cometido delitos de lesa humanidad.

En esa instancia fue presentado por Francisco Chahuán (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Rodrigo Galilea (RN), Carlos Kuschel (RN) y Enrique Van Rysselberghe (UDI).

“Entonces, se da la paradoja, creo yo, que los promotores de esta moción, que han sido muy activos en la idea de endurecer la regulación pública para la obtención de beneficios, para limitar el acceso a cumplimiento de penas alternativas, son extremadamente amplios al momento de plantear un proyecto de estas características, que tiene un solo impacto, que es beneficiar a aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad”, enfatizó.

Y agregó: “Precisamente, el tipo de condena donde la legislación nacional e internacional tiende a generar un mecanismo de excepción en relación a la edad, por ejemplo, precisamente por el cumplimiento de las penas efectivas. Los delitos de lesa humanidad no solo afectan a las víctimas que los sufrieron, sino que además representan un atentado en contra de la dignidad en general”.

Respecto de la iniciativa actual, sus autores son Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel.

“Un proyecto técnicamente defectuoso, desde el punto de vista de la seguridad, y moralmente inaceptable”

En ese sentido, explicó que esto no solamente contraviene los tratados internacionales a los que está suscrito el Estado chileno, sino que también afecta la jurisprudencia nacional sobre cómo se han abordado estos delitos.

“Y además, un aspecto que todavía es más grave: las personas potencialmente beneficiadas por este proyecto de ley, que está construido a través de este subterfugio, son personas que mayoritariamente no han colaborado con las investigaciones. Teniendo información, o probablemente con condiciones de poder obtenerla, no han entregado ningún antecedente útil para la ubicación, en particular en materia de detenidos desaparecidos”, recalcó.

Asimismo, cuestionó que los “autores de la moción ni siquiera hicieron el esfuerzo de avanzar en la línea de que se pueda conmutar pena a cambio, por ejemplo, de entregar información útil. Todos esos elementos lo que generan es que sea un proyecto técnicamente defectuoso, desde el punto de vista de la seguridad, y moralmente inaceptable, desde el punto de vista de los derechos humanos”.

“No es cierto que no exista legislación sobre este tema”

En paralelo, aclaró que actualmente “no es cierto que no exista legislación sobre este tema, lo que pasa es que queda a decisión del juez, que en cada caso ha ido adoptando resoluciones, y hay varios condenados por delitos de lesa humanidad que han sufrido enfermedades muy severas y que han sido objeto de ese tipo de beneficios”.

“Yo creo que en esto hay que ser sinceros y transparentes. Hay personas que ellos desean beneficiar con este proyecto, personas que no han colaborado con la justicia”, agregó, y sostuvo que esto se realiza al “margen de las víctimas”.

Al preguntarle sobre si existe una intencionalidad política, respondió que “resulta evidente, lo fue el proyecto anterior. Creo que no es conveniente hacer fraude de etiqueta detrás de esto”.

A pesar de la controversia, reconoció que existen senadores de la actual oposición y del futuro oficialismo que “tienen perfectamente claro por qué este proyecto es inadmisible, y han sido consistentes en actuaciones previas en esas votaciones, pero también en sus argumentos públicos”.

“Esto es un problema de cómo nosotros entendemos éticamente los temas de derechos humanos, y eso yo no lo reduciría a gobierno u oposición, y por eso sería cuidadoso en repudiar completamente a la oposición. Creo que hay senadores y diputados de derecha que saben perfectamente lo dañino que es para la democracia un proyecto de estas características, y que históricamente han sido consistentes en rechazar iniciativas como esta”, concluyó.