En entrevista con CNN Chile, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, detalló de dónde saldrá el gasto fiscal de las propuestas que Sebastián Piñera anunció como parte de su agenda para resolver la crisis social y las protestas que han dejado al menos 15 personas fallecidas.
El paquete de medidas anunciadas la noche del martes incluye:
- El aumento de la pensión básica solidaria en 20%, subir el sueldo mínimo a $350 mil
- El freno del alza del 9,2% de las cuentas de la luz
- El alza de impuestos a las rentas sobre $8 millones
- La creación de un seguro para el gasto en medicamentos
- La reducción tanto el número de parlamentarios como sus dietas.
“El costo de este paquete es de US$ 1.200 millones. Es un esfuerzo significativo que se va a financiar alrededor de la mitad con recursos fiscales brutos, con mayor gasto“, dijo Larraín.
“La otra mitad viene en parte del impuesto a la contribución que se le pide a la gente que gana más de $8 millones, esos son unos US$ 170 millones, y los otros US$ 440 millones vamos a buscar reasignaciones de gasto”, detalló el secretario de Estado.
En cuanto a esas reasignaciones, el ministro dijo que se encuentran estudiándolo y que habrán conversaciones con las otras carteras para cortar los programas que no estén bien evaluados por estudios técnicos independientes.
Larraín afirmó que todo va a estar incorporado en el presupuesto 2020.
En ese sentido, dijo que esto será agregado como proyectos de ley o como indicaciones a proyectos existentes.
¿Se endeuda Chile?
En relación a los US$ 600 millones mayores de gasto fiscal, el titular de la cartera sostuvo que eso “no (implicará) necesariamente que se endeude (el país), pero sí vamos a tener algo de mayor déficit fiscal”.
“Tenemos que buscar la forma de financiarlo de la mejor forma posible, pero efectivamente lo que vamos a buscar es una reasignación del orden de los US$ 440 millones más US$ 160 millones que vienen de esta otra fuente de los mayores ingresos, eso nos dan los US$ 600 millones”, puntualizó.
Larraín se manifestó conforme con los anuncios y reconoció un cambio en la agenda del Ejecutivo “en el sentido de ser una agenda social más potente”.
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