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El diputado Javier Macaya (UDI), en conversación con CNN Chile, se mostró dispuesto a negociar el tramo del cobro de impuestos a la renta que incluye el proyecto del retiro 10% de fondos previsionales impulsado por el gobierno.

El 80% de los chilenos no pagaría impuestos, ya que la indicación considera el cobro en rentas mensuales iguales o superiores a $688.000. Pese a ello, el parlamentario admitió que hay personas con sueldos entre $700.000 y $1.00.000 que “claramente no son ricas y están pasando dificultades económicas”.

Retiro de fondos: ¿A favor o en contra?

Por otra parte, el diputado oficialista planteó que se mantiene en un periodo de “reflexión” para determinar su postura frente al proyecto del Ejecutivo, considerando que en la iniciativa que permitió un primer retiro de fondos votó en contra.

“Soy crítico del primero y soy crítico del segundo”, planteó Macaya, explicando que, según su consideración, se trata de una “mala política pública” pero que, en este caso, viene a “corregir un error grave” que cometió el gobierno.

En este último punto explicó que el error al que alude fue que el Ejecutivo “confió en los autores del primer proyecto (…) que se iba a hacer por única vez, por eso no fueron al Tribunal Constitucional”, al contrario de lo observado con la segunda reforma que surgió desde la Cámara.

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Pese a ello, felicitó al gobierno por “haber corregido este error” y por finalmente haber presentado un proyecto propio que “está siendo legal”, explicando que la diferencia entre ambas iniciativas es que la del Ejecutivo “está firmada por el presidente Piñera, tiene los impuestos y no es para autoridades; las más altas autoridades no van a poder hacer uso de este beneficio”.

En cuanto a los plazos y modalidades de pago que considera el proyecto gubernamental, Macaya indicó estar dispuesto a que la tramitación en la Cámara Baja sea rápida para que la primera cuota del pago “sea antes de Navidad”.

Por último, y en cuanto a la decisión tomada por el gobierno de acudir al TC tras la aprobación de la reforma impulsada por la diputada Jiles, el parlamentario UDI indicó que “el gobierno se hubiese ahorrado muchos de los problemas que está viviendo a propósito de este tema, entregándole la decisión a la entidad que tiene que velar por el control constitucional” en el primer retiro.

Amenazas a la fiscal Chong

El diputado Javier Macaya aludió también a la reciente detención de ocho personas por su presunta participación en las amenazas dirigidas a la fiscal Chong. Según la investigación policial, estas personas serían parte de un grupo de ultraderecha y poseían, entre otras armas, una subametralladora UZI.

Debido a esto, el parlamentario aseguró que “le asigno la máxima gravedad de que en una democracia se genere un atentado, una amenaza contra cualquier autoridad, en este caso la fiscal que lleva adelante investigaciones contra la policía, contra autoridades políticas”.

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“En el caso de ver un armamento de este calibre me parece super grave”, agregó Macaya.

Al mismo tiempo, respondió a la controversia ocasionada por el subsecretario del interior, Juan Francisco Galli, y su acepción de “utensilios” para denominar a los elementos incautados en el caso. Sobre esto, el diputado aseguró que “no fue la palabra adecuada”, sentenció.

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