Pablo Urquízar y violencia en la macrozona sur: “Hay una responsabilidad del Estado en su conjunto”

El Gobierno anunció una querella por los delitos de homicidio frustrado y afectación a la libertad de expresión, luego que un equipo de prensa de TVN fuera víctima de un ataque armado en Tirúa, Región del Biobío. Producto del impacto de un proyectil, el camarógrafo Esteban Sánchez perdió la visión de uno de sus ojos.

En entrevista con CHV Noticias y CNN Chile, el coordinador de la macrozona sur, Pablo Urquízar, resaltó la gravedad del ataque, ya que estuvo dirigido a “dos personas que estaban ejerciendo su función periodística”.

“Lo que hubo fue un homicidio frustrado y además una afectación grave de la libertad de prensa. Desde esa perspectiva, a nosotros como Gobierno nos parece que se tiene que condenar sin matices lo que ocurrió”, dijo.

Urquízar sostuvo que el ataque iba dirigido directamente al camarógrafo y al periodista Iván Núñez. “Hay más de 17 disparos y en esos disparos hay perdigones, pero también, al parecer, habría balas de 9 mm”, afirmó.

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El coordinador de la macrozona defendió las gestiones del Gobierno y las policías en la zona, diciendo que “acá es fácil responsabilizar a las policías, a las FF.AA., pero creo que hay una deuda y una responsabilidad del Estado en su conjunto, en las distintas etapas y fases que tiene que cooperar y ponerse a disposición de la paz social en la zona sur”.

Urquízar aseguró que “el Gobierno está poniendo todos sus esfuerzos, sus recursos humanos y sus recursos legales y judiciales. Pero también acá existe la investigación de la persecución penal que corresponde al Ministerio Público“.

Además, señaló que “el Poder Judicial también tiene una responsabilidad, porque no se saca nada con investigar conseguir las pruebas, si después esas personas quedan libres; y en tercer lugar, obviamente también el Congreso Nacional. Hoy día tenemos una agenda de seguridad legislativa que es aplicable directamente a la macrozona sur, con más de nueve proyectos de ley y esos nueve proyectos de ley llevan en promedio 643 días pendientes”.